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CDMX a 22 de junio de 2021.- El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) condena enérgicamente el cobarde asesinato del activista yaqui Tomás Rojo Valencia, así como otros hechos de violencia e impunidad que se han recrudecido en las últimas semanas al sur del estado de Sonora y extiende sus más sentidas condolencias a familiares y amigos de las víctimas por tan reprobables sucesos.

Este Instituto exige a las instancias de procuración e impartición de justicia, que emprendan las investigaciones correspondientes y que castiguen a los responsables de estos hechos, además de implementar acciones de apoyo a familiares y víctimas.

Demanda además la aparición con vida de la joven Lorena Josefina Valenzuela Esquer de 24 años de edad, hermana del activista Mario Luna Romero, quien fue reportada también como desaparecida por sus familiares.

Del mismo modo, pide castigo a los responsables del homicidio de Luis Urbano Domínguez Mendoza, quien fue asesinado con arma de fuego en Ciudad Obregón el pasado 2 de junio.

El INPI también llama a las autoridades a esclarecer el asesinato del jefe de vigilancia de la Guardia Tradicional de Loma de Guamúchil, Agustín Valdez, hijo del Gobernador de ese pueblo yaqui, Guillermo Valdez Castillo.

El Gobierno de México ha establecido una nueva relación horizontal que parte del diálogo y la construcción de acuerdos con los pueblos indígenas, a través de sus autoridades comunitarias y órganos de gobierno, bajo el principio de que en unidad alcanzarán las mejores soluciones para detener la violencia que tanto daño les ha causado.

El INPI tiene el firme compromiso de trabajar en resarcir la deuda histórica y alcanzar la justicia, y  para lograrlo es necesario construir con acciones una condición de paz y unidad social, para que estos dolorosos hechos nunca más sean parte de la realidad cotidiana de las comunidades.

Este año en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá perdón a los pueblos indígenas por los agravios cometidos en el pasado, la institución trabaja de la mano con los diferentes niveles de gobierno; federal, local y comunal, para garantizar los derechos, proteger la vida de quienes defienden sus tierras, territorios y recursos naturales, asegurar que la justicia llegue a todas y todos y que el ser indígena, no sea nunca más motivo de impunidad ante un crimen.

Finalmente, el Instituto reafirma su compromiso de servir a los pueblos y comunidades indígenas y reitera que nada humano le es ajeno.

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