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CDMX a 21 de mayo de 2021.- El gobernador de Tamaulipas, Francisco García, y otras seis personas, son hoy prófugos de la justicia pues siguen sin presentarse ante un juez federal por presunto lavado de dinero.

 

Funcionarios del Poder Judicial de la Federación reiteraron que el mandatario tamaulipeco debió comparecer de manera voluntaria ante dicho magistrado, el cual radica en el Centro Federal de Readaptación Social, en Almoloya de Juárez, que fue quien libró el mandamiento judicial en su contra.

Recordaron que el pasado 30 de abril la Cámara de Diputados federal determinó desaforar a García, mientras el congreso estatal señaló que mantiene el fuero y no puede ser detenido.

Esa decisión fue tomada solamente por el delito menor de defraudación al fisco por 325 mil dólares, no por los cargos de lavado de dinero y vínculo con el crimen organizado.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) ordenó aprehender a los empresarios Baltazar Higinio y Francisco Tamez, y a cuatro colaboradores del mandatario involucrados.

Estos últimos habrían sido utilizados para adquirir bienes inmuebles en Estados Unidos y México por más de 12 millones de dólares, así como en transferencias financieras ilícitas, señaló Seido.

Obra contra el grupo, además, una comunicación judicial de Estados Unidos, en la cual los inculpados aparecen en una lista de vinculados al narcotráfico, entre ellas la esposa y otros familiares de García.

El político fue electo para gobernar Tamaulipas de 2016 a 2022. Si es aprehendido y considerado culpable, las autoridades pueden declarar desocupado su cargo y el Senado de la República tendría que convocar elecciones para cubrirlo.

El inculpado impugnó los cargos a través de un recurso de queja, pero no de forma presencial, mientras se espera que un tribunal colegiado determine en las próximas 48 horas si da entrada o no a la demanda de garantías.

Sin embargo, eso no impide que la Fiscalía General de la República ejecute la orden de aprehensión contra el grupo, que integra una red de lavado de dinero.

La Unidad de Inteligencia Financiera notificó que ordenó el congelamiento de cuentas bancarias del mandatario estatal, así como de 12 personas físicas y 25 morales de su entorno, por presuntas operaciones con recursos ilícitos.

Por su parte, el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria a fin de que su personal en los 194 puntos de internación al país verifique e informe sobre los movimientos de ingreso y salida en territorio nacional del presunto prófugo.

Información tomada de Prensa Latina

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