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CDMX 8 de junio del 2021.-Como parte del seminario “Autonomía e Independencia Judiciales, División de Poderes y Democracia”, diputadas y especialistas abordaron el tema de la autonomía judicial, la división de poderes y los derechos de las minorías parlamentarias.

Durante los trabajos de la Mesa 3, la diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) afirmó que el artículo 13 transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es violatorio de la Constitución, de los artículos 49, 97, 100 y 133 por lo que diversas diputadas y diputados presentarán una acción de inconstitucionalidad.

Dijo que como Cámara de Diputados “estamos obligados a velar por los contenidos de nuestra Carta Magna, y tenemos que respetar la participación de las minorías cuando se trate de hacer una reforma a la propia Constitución. La acción de inconstitucionalidad va; vamos a presentarla y vamos a restituir la dignidad del Poder Legislativo”, enfatizó.

Mencionó que el Artículo 13 Transitorio “no es un asunto de consultas, sino simple y llanamente es un tema de respeto a sus atribuciones”. Sostuvo la exigencia de respetar la Constitución y reiteró el compromiso con la división de Poderes para “no permitir que el poder lo ejerza una persona en solitario, sin cortapisas o contrapesos”.

Ignorar la constitución pone en jaque la división de Poderes

La secretaria de la Comisión Jurisdiccional, diputada Claudia Pastor Badilla (PRI) consideró que ignorar los textos constitucionales pone en jaque la división de Poderes y la autonomía de los organismos autónomos, toda vez que son avasallados mediante mecanismos de austeridad, de nombramientos de sus titulares y la descalificación y la crítica de la operación de éstos.

Ante ello, planteó la necesidad del área de especialización técnica de los Poderes y dijo que los diversos órganos autónomos deben estar al margen del control y agenda política; asimismo, se homologuen los procesos del nombramiento de sus titulares y se blinde su presupuesto.

Participación de especialistas y académicos

Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido Contra la Delincuencia, se refirió a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que incluye el 13 Transitorio, y reclamó el comportamiento de quienes “han trabajado para esta forma de minar nuestro Estado derecho”. Consideró que mediante la acción de inconstitucionalidad “este atropello se pueda corregir”.

Hizo un llamado a quienes interpondrán la acción de inconstitucionalidad y a quien la analizará para que no fallen ante la imperiosa necesidad de defender el sistema de la división de Poderes y la independencia judicial.

“Estamos en un momento clave de nuestra vida institucional como país democrático. La terrible secuela que hemos narrado puede aún encontrar una salida apropiada y de carácter pleno constitucional, pero requiere que al menos 8 ministros no fallen a su obligación histórica de defender nuestra Carta Magna por encima de intereses o presiones”, precisó.

María Marván Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que no hay ningún argumento que defienda la inconstitucionalidad del Artículo 13 Transitorio. Estimó que la mejor puerta para llegar al autoritarismo es justificar la violación que se pretende a la Constitución y al Poder Judicial. “Pensar que una persona es indispensable es un acto de soberbia”.

No solamente se viola el principio del tiempo de mandato de quien preside la Suprema Corte, sino que vulnera la autonomía del Poder Judicial quitándole la decisión a las y los once ministros quienes deciden quien preside la Suprema Corte. “No se puede bajar la guardia, se tiene que defender la división de Poderes”, apuntó.

En su turno, Javier Martín Reyes, coordinador de la Licenciatura de Derecho del CIDE, comentó que las acciones de inconstitucionalidad que se presenten en las dos cámaras serán fundamentales y son la vía idónea de anular toda la inconstitucionalidad del Artículo 13.

Señaló que existe un enorme cúmulo de conceptos de invalidez que se pueden plantear a la reforma, ya que hay una violación a la independencia judicial y una invasión a la competencia del pleno de la Suprema Corte con la ampliación de mandato que se pretende hacer para quien la preside.

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