El Congreso de EE. UU. ha puesto la lupa sobre el Ejército por un ataque del 2 de septiembre en el Caribe que huele a controversia. Ese día, un buque con 11 personas fue destruido frente a las costas de Venezuela, en el primer golpe de una campaña contra presuntos narcotraficantes. Pero la cosa se puso turbia: según el Washington Post, un segundo ataque ordenado por el almirante Frank Bradley mató a dos supervivientes que se aferraban a los restos, supuestamente para cumplir la directiva del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de no dejar a nadie vivo.
La Casa Blanca defiende la legalidad de los ataques, enmarcándolos como una guerra contra cárteles, a los que califica de grupos armados y una amenaza inmediata. Sin embargo, grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional los tildan de asesinatos, y expertos legales dicen que los cárteles no encajan como “grupos armados” bajo la ley internacional. Matar a náufragos o incapacitados es un crimen de guerra según el Manual de Derecho de Guerra del Departamento de Defensa. Además, el Congreso no ha autorizado esta campaña, a diferencia de acciones contra grupos como Al Qaeda post-11S.
Hegseth, quien observó el primer ataque en tiempo real pero dice no haber visto supervivientes, respalda a Bradley. Trump, por su parte, afirmó que no habría ordenado un segundo ataque y prometió investigar. Desde entonces, 21 ataques han matado a más de 80 personas, mientras crece la presión para derrocar a Nicolás Maduro, considerado ilegítimo por el gobierno.
Legisladores pueden limitar el uso de fuerza o cortar fondos, aunque los republicanos, mayoritarios, dudan en desafiar a Trump. Bradley enfrenta preguntas en sesiones clasificadas. ¿Legalidad o exceso? Esto está más turbio que el fondo del mar Caribe.