Autoridades federales confirmaron el traslado de 25 personas privadas de libertad desde penales estatales de Michoacán a centros federales, debido a su potencial para generar inestabilidad. En la conferencia del 14 de diciembre, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que estos sujetos eran un polvorín ambulante dentro de las cárceles locales.
Harfuch detalló que los reos mostraban “liderazgo negativo, incitación a desórdenes, vínculos delictivos activos y capacidad económica para corromper personal”. Su permanencia en penales estatales representaba riesgos de reagrupamiento criminal, tensiones internas, motines y actividades de presión colectiva. Para evitar un desastre, se decidió moverlos a instalaciones federales donde, según el funcionario, es más difícil que armen lío. Aclaró que ninguno de los 25 tiene orden de extradición a Estados Unidos; el traslado fue puramente por seguridad interna.
El operativo, una coreografía de precisión, involucró a 50 elementos de la Unidad de Reacción Penitenciaria, 105 de la Guardia Nacional y 70 del Servicio de Protección Federal. Los traslados se realizaron desde los Cerezos de Michoacán a penales federales, aunque no se especificaron los destinos exactos. Material compartido por las autoridades mostró nombres y rostros de los reos reubicados.
El contexto en Michoacán, bajo el mando de Alfredo Ramírez Bedolla, no es precisamente un paraíso de paz. Apenas el 6 de diciembre, un coche bomba explotó cerca de la Policía Comunitaria en Coahuayana, dejando seis muertos y daños a inmuebles. La Fiscalía General de la República lo clasificó inicialmente como “terrorismo”, aunque luego lo ajustó a delincuencia organizada. Las investigaciones apuntan a que el vehículo ingresó desde Colima. ¿Será este traslado un freno al caos o solo un cambio de escenario para los problemas?
