¡México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) te ha puesto en la mira! En un dictamen del 16 de diciembre, el tribunal señaló al Estado como responsable de violaciones graves contra Ernestina Ascencio Rosario, una indígena náhuatl de 73 años, y su familia. La sentencia es un jalón de orejas por fallar en protegerla y garantizar justicia.
Ernestina fue encontrada gravemente herida el 25 de febrero de 2007 en Tetlalzinga, Veracruz, tras la llegada de un campamento militar cerca de su hogar. Su hija la halló en estado crítico, pero el traslado al hospital tardó diez horas. Las lesiones eran brutales: traumatismo craneal, daños físicos evidentes y presencia de líquido seminal. Sin intérpretes de náhuatl, la comunicación fue un desastre. Falleció el 26 de febrero sin cirugía, y el caso se cerró más rápido que un puesto de tacos en lunes.
La CIDH dictaminó que México violó derechos de la Convención Americana, Belém do Pará y la Convención contra la Tortura. No hubo diligencia, ni perspectiva de género, etnia o edad en la investigación. Peor aún, la familia enfrentó presiones e intimidaciones, mientras estereotipos discriminatorios campeaban en las instancias oficiales. Hasta Felipe Calderón soltó conclusiones antes de tener datos definitivos.
Entre las medidas ordenadas, México debe crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para salud y justicia, además de actos simbólicos y reformas estructurales. La idea es reparar el daño y evitar que esto se repita. Porque, seamos honestos, el sistema judicial mexicano pareció más un circo que un garante de derechos. ¿Aprenderemos la lección o seguiremos tropezando con la misma piedra?
