¡México recibe un regaño internacional de campeonato! La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó el 16 de diciembre que el Estado es responsable de violaciones graves contra Ernestina Ascencio Rosario, una indígena náhuatl de 73 años, y su familia. El fallo apunta a un fracaso rotundo en protegerla y garantizar justicia.
El 25 de febrero de 2007, en Tetlalzinga, Veracruz, Ernestina fue hallada por su hija con heridas severas, tras la instalación de un campamento militar cercano. El traslado al hospital tardó diez horas, y sin intérpretes de náhuatl, la comunicación fue un caos. Las lesiones incluían traumatismo craneal y evidencias físicas de abuso, pero falleció el 26 de febrero sin cirugía. La investigación se cerró más rápido que un changarro en quincena, con estereotipos discriminatorios y sin diligencia, incluso ignorando líneas clave. Hasta Felipe Calderón dio conclusiones prematuras.
La CIDH determinó que México violó derechos de la Convención Americana, Belém do Pará y la Convención contra la Tortura, afectando vida, integridad personal y acceso a la justicia. La familia enfrentó presiones e intimidaciones, mientras el sistema judicial carecía de perspectiva de género, etnia o edad. Entre las medidas ordenadas, México debe crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para salud y justicia, además de implementar reformas estructurales y actos simbólicos de reparación.
El fallo busca evitar que casos como este se repitan y prioriza la restitución de derechos. ¿Será que México tome nota o seguirá tropezando con las mismas fallas? Porque este dictamen no es solo un jalón de orejas, es un megáfono gritando que la justicia no puede seguir siendo un lujo inalcanzable.
