La presidenta Claudia Sheinbaum se mostró más desconcertada que un turista perdido en el Zócalo al hablar sobre la detención del periodista Rafael León Segovia el 24 de diciembre en Veracruz. La Fiscalía General del Estado (FGE) lo acusó de “terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y actuación contra las instituciones de seguridad pública”, un cargo tan inédito en México que parece sacado de una película de acción. Sheinbaum, en su “Mañanera del Pueblo”, exigió a la Fiscalía explicar por qué usaron un término tan explosivo, literalmente, para un reportero de fuentes policiacas.
La mandataria dividió el caso en tres puntos clave: primero, no entiende el uso de “terrorismo” como delito, algo nunca visto en el país; segundo, defendió la libertad de expresión como si fuera el último taco en la taquería; y tercero, si hay un delito real, que no tenga que ver con su labor periodística, la Fiscalía debe probarlo con hechos, no con cuentos. Sheinbaum también reveló que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, está igual de perdida y, junto a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, seguirán el caso de cerca, esperando que la Fiscalía hable pronto y claro.
Según Article 19, León Segovia ha sufrido hostigamiento sistemático por parte de autoridades locales, con carpetas de investigación que se caen por falta de pruebas. Su trabajo ha destapado irregularidades de la propia Fiscalía, lo que huele a una vendetta penal para silenciarlo. Garddiel León Oropeza, hijo del periodista, denunció irregularidades en la detención, como robo de un vehículo y dinero. “Mi padre no es terrorista. Si un coche bomba en Michoacán no fue terrorismo, ¿cómo acusan a un periodista?”, reclamó.
¿Persecución o justicia? Veracruz tiene que aclarar este enredo antes de que se convierta en un circo mediático internacional.
