El gobierno de México, liderado por Claudia Sheinbaum Pardo, puso en marcha una investigación digna de un thriller tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca. Dependencias e instituciones autónomas se lanzaron al caso como detectives de CSI, mientras el senador panista Mario Humberto Vázquez Robles soltó la bomba: esto no es un accidente, sino “negligencia criminal” con olor a corrupción. Según él, el culpable es “El Clan”, un supuesto grupo de amiguitos influyentes, incluyendo a los hijos del expresidente López Obrador y un tal “Amílcar Olán”. Drama de sobra para un guion.
Vázquez no se guardó nada, acusando que había advertencias previas sobre los riesgos del tren, ignoradas como si fueran spam en el correo. “Las advertencias son ahora lápidas”, dijo, mencionando audios donde los “amigos del poder” se reían del balasto de mala calidad. Para él, esto no es solo corrupción, sino un crimen con boleto de ida a la cárcel. Exige verdad, justicia y castigo, mientras pinta un panorama más turbio que un vagón abandonado.
Por su parte, Sheinbaum aseguró que la ‘caja negra’ del tren está bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR), lista para ser analizada junto a la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF). Prometió transparencia, con la FGR liderando peritajes y Andrés Lajous Loaeza revisando detalles técnicos. La fiscalía estatal también se suma al equipo, porque con fallecidos y heridos, esto no es un simple “uy, se salió de las vías”.
Mientras las investigaciones avanzan, el país espera respuestas. ¿Fue un error técnico o una red de favores que descarriló más que un tren? Esto tiene más giros que una vía en zigzag.
