Han pasado 18 años desde que la Ciudad de México marcó la pauta en 2007 al despenalizar el aborto, un hito en derechos humanos que aún resuena. Hoy, 25 de los 32 estados han seguido el ejemplo, permitiendo la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Pero la lucha feminista, liderada por colectivos no gubernamentales, no baja la guardia, pues ocho entidades siguen rezagadas en esta causa.
La discusión sobre el derecho a decidir tiene raíces profundas, desde 1936, cuando Ofelia Domínguez Navarro defendió el aborto por causas sociales. En 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional penalizar esta práctica, pero varios estados aún no alinean sus leyes. Sin embargo, 2025 trajo avances: seis estados modificaron sus códigos penales. Chihuahua vio invalidados artículos que criminalizaban el aborto por la SCJN; Nayarit, Campeche y Yucatán despenalizaron hasta las 12 semanas; Tabasco lo hizo en mayo tras un amparo; y Tlaxcala, en diciembre, eliminó barreras legales con efectos retroactivos.
Estos cambios, respaldados por resoluciones de la SCJN y esfuerzos legislativos, también endurecen penas contra abortos forzados y protegen al personal médico. Sin embargo, en Yucatán, pasadas las 12 semanas, el aborto sigue siendo delito con castigos de prisión o trabajo comunitario. La titular de la Secretaría de Mujeres, Citlali Hernández Mora, confirmó a Infobae México su plan de dialogar con legisladores para sensibilizar sobre la urgencia de legislar en las entidades rezagadas.
Aunque el panorama mejora, el camino no está libre de baches. México avanza en reconocer los derechos reproductivos, pero la meta de una despenalización total sigue siendo un maratón, no un sprint. La lucha continúa, y no es solo por leyes, sino por cambiar mentalidades más duras que un debate en redes.
