Si creías que la burocracia era un dolor de cabeza solo para renovar el pasaporte, imagina ser una ONG en Israel. El Gobierno ha decidido que 37 organizaciones, incluida Médicos sin Fronteras (MSF), no cumplieron con su nuevo trámite de registro, más complicado que armar un mueble de IKEA sin instrucciones. A partir del 1 de enero de 2026, sus licencias serán revocadas, y tienen hasta el 1 de marzo para empacar y decir adiós.
El Ministerio de Asuntos de la Diáspora, liderado por Amichai Chikli, soltó el comunicado como quien lanza un ultimátum en una película de acción. Las ONG debían entregar en diez meses una pila de documentos, incluyendo la lista de empleados, bajo una normativa que permite vetarlas si se sospecha que colaboran con grupos como Hamás, etiquetados como terroristas por Israel. Sin registro, no hay personal internacional ni suministros esenciales para Gaza o Cisjordania. La fecha límite original era el 9 de septiembre, pero la extendieron al 31 de diciembre, como un profesor que da “una última oportunidad” antes del examen final.
Chikli insiste en que la ayuda humanitaria es bienvenida, pero no si se usa como disfraz para fines oscuros. El COGAT, autoridad militar en los territorios palestinos, jura que esto no afectará el volumen de ayuda a Gaza, ya que estas ONG apenas aportaban el 1% del total y no han movido un dedo durante el alto el fuego. Acusan a MSF de no entregar listas de empleados y vinculan a algunos de sus trabajadores con Yihad Islámica y Hamás en 2024.
Mientras, la ONU y las ONG gritan por eliminar trabas, diciendo que su labor es irremplazable. ¿Resultado? Un tira y afloja más enredado que un cable de audífonos, con Gaza atrapada en el medio. ¿Se resolverá o seguiremos viendo este drama burocrático? Solo el tiempo, y unos buenos abogados, lo dirán.
