El gobierno federal ha sacado el machete burocrático y expropió 48 mil 661.703 metros cuadrados de 14 terrenos privados en Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Publicado el 5 de enero de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, este movimiento es para pavimentar el camino al Tren Maya, el proyecto estrella de Andrés Manuel López Obrador que Claudia Sheinbaum sigue empujando como si fuera el Santo Grial del sureste.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, liderada por Edna Elena Vega Rangel, dijo que estos terrenos son de “utilidad pública”. Están repartidos en municipios como Candelaria, Tenosique, Umán y Tulum, entre otros. Basados en el artículo 27 de la Constitución y unos dictámenes técnicos muy serios, el gobierno notificará a los dueños o publicará un segundo aviso si no los encuentra. Curiosamente, siete terrenos tienen un misterioso “No consta” en sus datos catastrales, como si fueran propiedades fantasma. ¿A quién le reclamas, al Tren Fantasmal?
Los afectados tienen 15 días hábiles para patalear ante la Sedatu, pero la ocupación puede ser inmediata si hay negociación. El Tren Maya, según el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, promete ser un corredor humanitario, imán de turistas y motor de mercancías. Fonatur y la Secretaría de la Defensa Nacional también meten mano en esta odisea ferroviaria.
Esto suena a progreso, pero huele a “te vas porque te vas”. ¿Será el Tren Maya la salvación del sureste o un boleto directo a más pleitos legales? Mientras, los dueños de esos terrenos deben estar buscando un mapa del tesoro para recuperar algo.
