¡Basta ya de cuentos de hadas retorcidos! Activistas y colectivos feministas, liderados por voces como Eufrosina Cruz, están alzando el grito al cielo tras el caso de Daysi, una niña de 10 años que dio a luz en Chiapas, forzada a convivir con un hombre de entre 17 y 18 años. Esto no es romance, es un horror que huele a violencia pura.
Cruz, desde su cuenta de Instagram, fue clara como el agua: el matrimonio infantil o la cohabitación forzada es abuso, aunque algunas comunidades lo disfracen de “usos y costumbres”. “La tradición no está por encima de la dignidad ni de los derechos humanos”, sentenció, exigiendo que no basta con prohibir estas prácticas. Hace falta tipificarlas como delito y establecer sanciones contundentes en cada rincón del país. Según ella, si el Estado prohíbe pero no castiga, se vuelve cómplice por omisión. Solo 5 de 32 estados han actualizado sus leyes contra esta barbarie, dejando a 27 como tierra de nadie donde niñas como Daysi siguen siendo robadas de su infancia.
La activista no se anda con rodeos: forzar a una menor a ser madre o “esposa” es violencia sexual y tortura institucional. Lo de Daysi, ocurrido en San Cristóbal de las Casas, no es un caso aislado, sino un reflejo de un sistema que falla estrepitosamente. Exigen sanciones en todos los códigos penales estatales para evitar más infancias truncadas y cuerpos marcados por abusos.
Proteger a las niñas no es opcional, es un deber. Como dice Cruz, “las niñas son niñas, no esposas ni madres”. ¿Hasta cuándo seguiremos tolerando esta pesadilla disfrazada de tradición? Que el Estado despierte, porque esto no es folklore, es un crimen.
