Una jueza federal en Boston, Indira Talwani, le puso un alto este viernes a la administración de Donald Trump, quien pretendía acabar con el estatus legal temporal de unos 10,000 migrantes de Cuba, Haití, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras. Estos programas les permitían reunirse con familiares en EE. UU., pero Trump quería cortarlos de tajo.
Durante una audiencia, Talwani anunció que emitirá una orden de restricción temporal, respondiendo a la demanda de grupos de derechos de inmigrantes. Estos desafiaron la decisión del Departamento de Seguridad Nacional, que el 12 de diciembre anunció el fin de los programas de reunificación familiar creados o modernizados bajo Joe Biden en 2022 y 2023, con efecto desde el 14 de enero. La medida forma parte de la línea dura de Trump, quien también ha cancelado cientos de miles de permisos humanitarios temporales que permitían a extranjeros vivir y trabajar en el país.
Bajo estos programas, ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes podían patrocinar a familiares de los siete países, permitiéndoles residir en EE. UU. mientras esperaban visas de inmigrante. Desde noviembre de 2023 hasta enero de 2025, los migrantes recibieron permisos iniciales de tres años. Seguridad Nacional argumentó que se abusó de los procesos, permitiendo la entrada de “extranjeros mal investigados” y posibles “actores fraudulentos”, pero la jueza no compró el cuento.
¿Justicia o política? Este fallo es un revés para la cruzada antiinmigrante de Trump, que parece más obsesionado con cerrar puertas que con abrir soluciones. Mientras Talwani protege a estas familias, el debate migratorio sigue más candente que un reality show en prime time. ¿Será solo una pausa o el inicio de una batalla mayor?
