¡Agárrense, que esto parece un reality de desalojos! La Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó la discusión de la acción de inconstitucionalidad 73/2019 sobre el Artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la Ciudad de México. ¿La razón? Vecinos desalojados y colectivos urbanos armaron un plantón desde el 16 de enero, bloqueando accesos al tribunal con más pasión que un hincha en final de fútbol.
Las protestas, cargadas de tendederos con mensajes de “no al desalojo”, exigían suspender el análisis y abrir un debate público. Los manifestantes quieren que especialistas y afectados sean escuchados antes de que los ministros decidan. Finalmente, la SCJN cedió: personal pidió desbloquear accesos para anunciar la suspensión y confirmar un diálogo con vecinos, activistas y una audiencia con el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la ministra ponente María Estela Ríos González.
El proyecto de Ríos González defiende que el Artículo 60 es constitucional, argumentando que un desalojo con orden judicial y debido proceso no es “forzoso”. Según ella, la norma protege la vivienda con mediación y programas gubernamentales. Pero los afectados gritan “¡ni madres!”: dicen que la redacción deja desprotegidos a muchos y abre la puerta a abusos, eliminando salvaguardas previas.
Un caso emblemático es el desalojo en República de Cuba 11, Centro Histórico, donde en agosto de 2025 familias quedaron en la calle sin aviso, con pertenencias expuestas y presuntos saqueos. Los vecinos temen que, sin cambios, estos operativos se multipliquen con la presión inmobiliaria. ¿Será que la Corte escucha o solo pone pausa al drama? Esto está más tenso que un desahucio en película de terror.
