El 21 de enero de 2026, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se jugará una carta histórica: decidir si toma el caso de Mario Aburto Martínez, condenado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana. La solicitud busca reducir su pena de 45 años, un tema más caliente que un chile relleno en plena discusión familiar.
En 2024, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca dictaminó que la extinta PGR aplicó mal la condena. Según el Código Penal de Baja California de entonces, la pena máxima era de 30 años, ya que Colosio, candidato del PRI, no era funcionario público. Esto abrió la puerta para que Aburto pudiera salir libre el 23 de marzo de 2024, tras cumplir tres décadas. Pero la PGR impugnó, y en octubre de 2024, la Primera Sala de la SCJN revocó la sentencia por 3 a 2, ordenando reponer el amparo y notificar a los familiares de Colosio como víctimas indirectas.
Ahora, la Corte decidirá si atrae el caso mediante una Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción (SEFA). Si acepta, un ministro elaborará un proyecto de resolución; si no, el asunto regresa al Tribunal de Toluca. La FGR pidió que la SCJN intervenga antes de una nueva sentencia. Mientras, Jaqueline Sáenz Andujo, abogada de Aburto, señaló que los familiares de Colosio nunca han mostrado interés, pese a estar notificados desde los noventa.
Aburto sigue en el CEFERESO 12 en Ocampo, Guanajuato, esperando un fallo más tenso que un final de telenovela. ¿Justicia o política? Este caso sigue siendo un enigma más grande que el final de una serie sin segunda temporada.
el no fue el, si hubiera sido ya habría denunciado a los que le ordenaron hacerlo.