En Tequila, Jalisco, el alcalde Diego Rivera Navarro convirtió el municipio en un trago amargo para empresarios y comerciantes. Desde octubre de 2024, instauró un esquema de extorsión y abuso de poder, presuntamente respaldado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según denuncias y reportes periodísticos. El ayuntamiento se transformó en una máquina de cobros ilegales, cuotas y sanciones.
El escándalo estalló con José Cuervo, la mayor tequilera del país, que en diciembre de 2025 denunció un impuesto predial de 60 millones de pesos, el doble de la recaudación anual del municipio. Al negarse, clausuraron su destilería, forzándolos a pagar 17 millones para reabrir. Este patrón se repitió: el gobernador Pablo Lemus confirmó que al menos 10 tequileras y hoteles sufrieron extorsiones. Transportistas turísticos pagaban 50 pesos por turista como “derecho de suelo”, mientras pequeños comerciantes, como Ana Rosa, desembolsaban multas de 11,600 pesos sin recuperar sus negocios.
Testimonios en el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) revelan cobros iniciales de 50,000 pesos para reabrir locales clausurados, seguidos de cuotas mensuales de 20,000, e incluso pagos únicos de hasta 150,000 pesos. La FGR acusa a Rivera Navarro de delincuencia organizada, secuestro y extorsión, describiendo su gestión como una fusión de crimen y política. Severo Flores Mendoza, alias “El Rey Mago”, ligado al CJNG y boletinado por EE. UU., también aparece en la trama, coordinando actividades delictivas en la región.
Comerciantes reportaron amenazas, secuestros y agresiones directas del alcalde y policías municipales. Hasta excandidatos de Morena denunciaron ser “levantados” y forzados a renunciar. En Tequila, el poder no destila tradición, sino puro veneno criminal.
