La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció que Petróleos Mexicanos cayó en obstrucción de la justicia al interferir en la indagación de un feminicidio sucedido hace diez años, supuestamente perpetrado por miembros de su plantilla.
Según la recomendación emitida por el ente autónomo, se probó que representantes legales de la compañía productiva estatal dejaron de suministrar datos esenciales acerca de las conexiones laborales de individuos acusados, lo cual complicó el progreso de las pesquisas ministeriales.
La CNDH clasificó estos eventos como una modalidad de violencia institucional, ya que considera que impactan la fe en el sistema judicial, dañan a las víctimas y entorpecen el acceso a la verdad y a la justicia.
En el marco de las acciones de reparación, el organismo aconsejó a Pemex que facilite al familiar de la víctima el acceso a servicios médicos y psiquiátricos, además de cooperar ampliamente con las indagatorias ministeriales y administrativas en proceso. Asimismo, indicó a la empresa que entregue sin demora toda la información solicitada por las autoridades pertinentes.
Entre las medidas dispuestas figuran la actualización de los expedientes del personal temporal o proveedor de servicios, la elaboración de un análisis para examinar y ajustar los procedimientos internos de colaboración con las autoridades, así como la formación en temas de derechos humanos para el equipo de la Gerencia de Servicios Jurídicos.
La recomendación, denominada 001/2026, indica que funcionarios de Pemex no proporcionaron información requerida por la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a pesar de que las personas bajo investigación estaban imputadas por el delito de feminicidio.
El incidente se remonta a la muerte de la víctima acaecida en enero de 2016. Después de una evaluación inicial, la CNDH lanzó en 2022 una recomendación orientada a otras instancias. No obstante, en 2025 recibió una queja adicional de un familiar, en la cual se reportó que la omisión en la entrega de datos laborales por parte de Pemex siguió obstaculizando las investigaciones, lo que motivó la nueva determinación contra la empresa estatal.
