¡Golpe bajo al estilo Trump! Un juez federal de Boston, Brian Murphy, le dio un gancho al hígado a la política de deportaciones rápidas de la administración Trump este miércoles. La norma, que permitía enviar migrantes a países random sin chance de quejarse por miedo a persecución o tortura, fue declarada ilegal y debe irse al basurero.
Murphy, nombrado por Biden, dijo “no way” a esta estrategia del Departamento de Seguridad Nacional que, básicamente, jugaba a la ruleta rusa con destinos como Sudán del Sur, Libia o El Salvador. La sentencia viene de una demanda colectiva contra un memorándum de marzo y una guía de julio que daban luz verde a estas expulsiones express. ¿El truco? Garantías diplomáticas “creíbles” de que no los torturarían allá, o un aviso de apenas seis horas antes de subirlos al avión. Suena tan confiable como un vendedor de coches usados jurando que “solo tuvo un dueño”.
El juez suspendió su fallo 15 días para que el Gobierno apele, porque este caso es más complicado que un drama de telenovela y ya llegó dos veces a la Corte Suprema. Antes, el alto tribunal levantó una orden de Murphy que protegía derechos de migrantes y permitió deportar a ocho hombres a Sudán del Sur. El Departamento de Justicia defendió la política diciendo que era legal y necesaria para sacar a “los peores de los peores”, esos que ni su país quiere de vuelta por sus antecedentes.
¿Y ahora qué? Esto pinta para una batalla épica en la Corte Suprema. Mientras tanto, la política de Trump queda en jaque, como un reality show cancelado por baja audiencia. ¿Apelarán con éxito o será el fin de las deportaciones estilo lotería? Agárrense, que esto se pone más intenso que un Black Friday.
