¡Drama en Ginebra con sabor venezolano! Una misión de la ONU expresó “serias reservas” sobre la reciente ley de amnistía aprobada en Venezuela, tildándola de incompleta y opaca. María Eloísa Quintero, de la misión de determinación de los hechos creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos, lamentó que la ley se haya adoptado a las carreras, sin un proceso consultivo transparente ni inclusivo. Según ella, tampoco reconoce la responsabilidad del Estado en violaciones de derechos humanos.
Quintero fue más allá, criticando que la ley no establece investigaciones independientes, procesos exhaustivos ni mecanismos para buscar la verdad. Además, su alcance es “arbitrariamente restrictivo”, dejando fuera a muchas personas detenidas por otros motivos. Mientras las autoridades venezolanas presumen haber liberado a más de 7,000 personas, la mayoría en libertad condicional, la ONG Foro Penal pinta un panorama menos rosa: 508 presos políticos siguen tras las rejas, incluyendo extranjeros, menores y 179 militares.
En Caracas, Olnar Ortiz, coordinador de Foro Penal, soltó la bomba en una rueda de prensa: “Nada ha cambiado en Venezuela; la represión y la crisis humanitaria siguen idénticas”. La ley, promulgada el 19 de febrero, supuestamente busca liberar a presos políticos, pero parece más un titular bonito que una solución real. Las cifras y las críticas sugieren que las celdas no se están vaciando tan rápido como el gobierno quiere hacer creer.
Esto tiene más agujeros que un colador. Mientras la ONU y las ONG señalan fallos, el régimen venezolano sigue con su narrativa de “todo está bien”. ¿Será esta ley un paso hacia la justicia o solo un truco para calmar las aguas internacionales? La respuesta, como siempre, está más enredada que un cable de audífonos.
