En un fallo que llega más tarde que un tren en lunes por la mañana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado mexicano responsable por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena nahua de 73 años, en Veracruz. Han pasado casi 20 años desde aquel 25 de febrero de 2007, cuando Ernestina salió a pastorear sus borregos en Tetlalzinga, Sierra de Zongolica, y no regresó. Su hija Martha la halló en un cerro, viva pero destrozada, con marcas de haber sido atada y abusada, cerca de un campamento del Ejército instalado sin permiso.
Ernestina, quien solo hablaba náhuatl, señaló a “los que tienen clavos en el pecho” —soldados, por sus insignias— como sus agresores antes de morir horas después en el Hospital Regional de Río Blanco, donde ni siquiera había un intérprete. Pero en lugar de justicia, el gobierno de Felipe Calderón soltó una excusa más absurda que un guion de comedia barata: “murió de gastritis crónica no atendida”. La CNDH y hasta INMUJERES respaldaron esa farsa, dudando de sus últimas palabras porque “balbuceaba”. ¿En serio?
Las autoridades archivaron el caso en dos meses, mientras el gobernador llevaba a la familia a la Basílica de Guadalupe para alejarlos y luego los presionaba para que callaran. Martha confesó en 2025 ante la Corte IDH que vivían con miedo, sin poder trabajar ni salir. El 30 de septiembre de 2025, la sentencia llegó: México falló en todo. La Corte ordenó reabrir la investigación, un acto público de responsabilidad, indemnizaciones y un Registro Nacional de Intérpretes en Lenguas Indígenas.
Dieciocho años después, la justicia asoma, pero el sabor es más amargo que un café quemado. ¿Cumplirá México, o seguirá pateando el bote como en una eterna telenovela sin final?
