La senadora María de Jesús Díaz Marmolejo vivió un lunes de pesadilla el 24 de marzo, cuando ella y su equipo fueron agredidos física y verbalmente mientras se dirigían al Senado de la República. Según su comunicado, un grupo de personas los atacó en las inmediaciones del recinto, un lugar donde legisladores, funcionarios y ciudadanos conviven a diario. Tras el incidente, Díaz Marmolejo corrió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para presentar una denuncia formal, buscando justicia ante este despropósito.
Lo que hace este caso más grave es el escenario: justo afuera del Senado, un símbolo de la democracia mexicana. Agredir a una servidora pública en funciones no es solo un ataque personal, sino un puñetazo directo a las instituciones, como si la democracia fuera un punching bag. La senadora no se quedó callada y condenó el acto como “cobarde e inadmisible”, exigiendo a las autoridades una investigación inmediata y transparente para identificar y castigar a los responsables.
Este tipo de violencia no es un caso aislado. En México, los ataques contra funcionarios y legisladores han subido como la espuma, desde intimidaciones callejeras hasta amenazas abiertas. Según el INE y ONU Mujeres, la violencia política de género es especialmente rampante y poco sancionada, afectando más a mujeres en cargos públicos. Aunque no se ha confirmado si este ataque tiene raíces políticas, la gravedad de que ocurra contra una senadora en activo es innegable.
Díaz Marmolejo lo dejó claro: “Este tipo de hechos no pueden ni deben normalizarse”. Ahora, las autoridades capitalinas tienen la pelota en su cancha para investigar con seriedad. Porque si el Senado no es seguro, ¿qué nos queda? ¿Será que la justicia actúe o seguiremos viendo la democracia tambalearse?
