¡Veto por seguridad! Este 31 de marzo de 2026, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció en su cuenta de X que firmó el veto de bolsillo al decreto legislativo aprobado el 13 de marzo, que eliminaba la exigencia de la Carta de No Antecedentes Penales para aspirantes a cargos de elección popular. “Ante los retos actuales, es indispensable garantizar que no se infiltre ningún perfil indeseable en las candidaturas”, afirmó, subrayando la necesidad de fortalecer controles para evitar la participación de personas con antecedentes delictivos en procesos electorales.
Con este veto, el decreto no será publicado en el Periódico Oficial del Estado, impidiendo su entrada en vigor, y el Congreso de Michoacán deberá revisarlo nuevamente. Ramírez Bedolla insistió en que la carta debe exigirse tanto en procesos internos partidistas como para candidatos a cargos constitucionales, priorizando la estabilidad de la entidad. Confía en que los legisladores reconsideren la importancia de este requisito.
El Congreso había aprobado la eliminación del inciso j) de la fracción II del Código Electoral estatal en una sesión extraordinaria, argumentando que restringía injustificadamente el derecho a ser votado, alineándose con interpretaciones recientes de la SCJN. La reforma, respaldada por 25 diputados y propuesta por Abraham Espinoza Villa del Partido Verde, buscaba equidad al permitir postularse a personas sin sentencia firme que prive de derechos políticos, aunque tuvieran antecedentes. Según el decreto, la carta no era idónea ni proporcional para garantizar el derecho a ser votado.
Sin embargo, al mantenerse la ley vigente por el veto, los aspirantes en Michoacán siguen obligados a presentar el documento de la Fiscalía estatal y federal. ¿Aceptará el Congreso el veto o insistirá en la eliminación? La seguridad electoral en Michoacán está en juego, y este debate promete más rounds.
