¡Cuidado, que aquí no se juzga a menores como si fueran adultos! En México, el sistema de justicia para adolescentes, instaurado por la reforma al artículo 18 de la Constitución en 2005, pone reglas claras y diferenciadas para menores de 18 años. No importa la gravedad del delito, las sanciones tienen un tope más bajo que un chiste de mal gusto, priorizando la reinserción sobre el castigo.
Esta reforma cambió el juego, dejando atrás un modelo tutelar para crear un sistema especializado. Los jóvenes de 12 a 17 años enfrentan procesos separados del régimen adulto, guiados por principios como el interés superior del adolescente, el debido proceso y la protección integral. Las penas, llamadas “medidas de internamiento”, se cumplen en centros exclusivos, con un máximo de cinco años incluso en casos heavies, dependiendo de si tienen entre 14-16 o 16-17 años.
El enfoque ve a los adolescentes como mentes en desarrollo, no como criminales hechos y derechos. Por eso, el objetivo es reintegrarlos a la sociedad y a su familia, no solo encerrarlos. La reforma también trajo fiscalías, jueces y centros especializados, un cambio que muchos expertos aplauden como uno de los más grandes en la justicia penal mexicana. Nada de cadenas perpetuas ni juicios de adultos: el límite de cinco años es sagrado.
Sin embargo, no todo es aplauso. Casos como el de Osmar “N”, vinculado en marzo por el feminicidio de dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán, han encendido la polémica. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla lamentó el hecho y sugirió revisar el sistema, argumentando que jóvenes conscientes de su saña deberían ser juzgados como adultos. ¿Reforma a la vista? Esto está más caliente que un debate en redes sociales.
