La Cámara de Diputados aprobó el 8 de abril el dictamen del Plan B de reforma electoral con 377 votos a favor, 102 en contra y cero abstenciones, mayoría calificada que dejó a oposición gritando en el desierto sobre tema incómodo que Morena, PT y PVEM prefirieron ignorar olímpicamente: sanciones a políticos, candidatos y partidos con financiamiento del crimen organizado o vínculos con narcotráfico. Movimiento Ciudadano, PRI y PAN recriminaron omisión conveniente que suena más a protección estratégica que olvido legislativo.
Durante debate también destacaron violencia política de género contra Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, quien enfrenta altercados con personajes del oficialismo tras asesinato de su esposo Carlos Manzo. Los ánimos se encendieron cuando Leonel Godoy, señalado por Quiroz como presunto responsable, aseguró que no le encontrarán nada pese a investigaciones, declaración audaz de inocencia preventiva que nadie pidió pero todos escucharon.
El dictamen reforma artículos 115, 116 y 134 constitucionales, integrando ayuntamientos con alcalde, síndico y regidores electos por mayoría relativa y representación proporcional bajo paridad de género vertical y horizontal. Fija tope presupuestal: legislaturas locales no podrán gastar más de 0.70 por ciento del presupuesto estatal, prohibiendo compra de vehículos, inmuebles o bonos con recursos públicos, medidas de austeridad que suenan revolucionarias hasta recordar que esto debería ser obvio.
Los artículos transitorios obligan armonización legislativa antes del 30 de mayo. Ahorros generados quedarán en hacienda municipal para infraestructura pública. Morena celebra reducción de gastos; oposición lamenta ausencia de sanciones anticrimen.
