La Suprema Corte de Justicia de la Nación metió un gol de media cancha el 6 de abril que dejó a Coparmex más nerviosa que inversionista viendo caer la bolsa. La SCJN declaró constitucional que la Unidad de Inteligencia Financiera puede congelar cuentas bancarias sin orden judicial, solo con indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Como dar poderes de superhéroe, pero versión burocrática y sin capa.
Coparmex saltó del asiento advirtiendo que la certeza jurídica no es optativa como netflix en tu plan de celular, sino necesaria para confianza, inversión y desarrollo. Según la Confederación Patronal, el fallo genera incertidumbre que impacta la estabilidad económica, violando el artículo 14 constitucional y tratados internacionales que México firmó prometiendo portarse bien.
La decisión cambia criterio anterior quitándole el freno a la UIF para actuar sin juez de por medio, estableciendo «precedente delicado» que permite afectar patrimonio de personas y empresas sin reglas claras. Coparmex también señala que peligra la presunción de inocencia del artículo 20 constitucional al sancionar con solo indicios, equivalente a castigar antes de comprobar culpa, como maestro regañando sin escuchar explicaciones.
El timing del fallo preocupa ante revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, afectando percepción de riesgo para inversionistas nacionales e internacionales. Las MiPyMEs quedan especialmente vulnerables sin estructuras jurídicas ni reservas financieras para enfrentar procesos largos ante UIF o tribunales. Coparmex exige al Congreso legislar estándares mínimos de indicios, plazos máximos y mecanismos contra uso discrecional de esta medida cautelar con esteroides institucionales.
