Una fosa séptica repleta de dientes y fragmentos de huesos humanos. Eso encontraron voluntarios la semana pasada al regresar al rancho Izaguirre en Jalisco, donde el año pasado hallaron zapatos y restos calcinados vinculados al CJNG. Las autoridades insistieron en que el predio era solo un campo de entrenamiento para reclutas. Los voluntarios, insatisfechos, volvieron y encontraron más pruebas de que México enfrenta una crisis brutal con más de 133 mil personas desaparecidas, la mayoría en las últimas dos décadas a manos del crimen organizado o funcionarios coludidos, según reportó The New York Times.
Claudia Sheinbaum ha prometido repetidamente encontrar a cada persona desaparecida y presume que los homicidios cayeron 41% bajo su administración, un dato real. El problema es el otro dato: el número de desaparecidos se ha más que duplicado desde 2016 creciendo sostenidamente año tras año. Sheinbaum impulsó cambios para que fiscales abran investigaciones automáticamente al recibir reportes de desaparición y lanzó un sistema de alertas tempranas. En 2025, aproximadamente 22 mil personas reportadas como desaparecidas fueron encontradas con vida, la cifra anual más alta registrada. Sin embargo, los críticos señalan que esos avances no alcanzan para cerrar una brecha que lleva años ensanchándose.
Tras el escándalo del rancho Izaguirre, el gobierno ordenó auditoría al registro nacional de desaparecidos creado en 2018 con listas dispares de fiscalías estatales y colectivos de voluntarios. Marcela Figueroa, funcionaria a cargo, describió el sistema como «muy caótico» sin estándares unificados. La revisión dividió los más de 130 mil registros en tres grupos: casos activos, personas localizadas y registros duplicados. Pero organismos de derechos humanos advierten que es un subregistro: más de 72 mil 100 cuerpos sin identificar permanecen en morgues y muchas desapariciones ni siquiera se denuncian.
El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU publicó este mes un informe demoledor: las desapariciones en México son generalizadas y sistemáticas, frecuentemente con complicidad de autoridades. Sheinbaum rechazó las conclusiones acusando a los expertos de ignorar avances recientes. Mientras tanto, voluntarios como Héctor Flores González, cuyo hijo desapareció en 2021, siguen excavando: «Muchos de nuestros hijos podrían estar en ese o cualquier otro campo de reclutamiento. Sigo sacando cuerpos y desenterrando restos.» La promesa sigue en pie, pero las fosas dicen otra cosa.
