La violencia contra personas defensoras del medio ambiente en México registró repunte durante 2025 con al menos 10 asesinatos y 135 eventos de agresión según el más reciente informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Aunque la cifra de homicidios es menor a la de 2024, especialistas advierten que el incremento general de ataques refleja entorno cada vez más riesgoso para quienes protegen el territorio y los recursos naturales. El informe documenta total de 135 eventos de agresión y 314 ataques específicos, lo que representa incremento significativo frente a los 94 eventos registrados en 2024. En términos acumulados, en los últimos once años suman 199 personas defensoras asesinadas en el país.
Las agresiones más frecuentes incluyen actos de intimidación, estigmatización y difamación, prácticas que en conjunto concentran más de la mitad de los casos reportados. Organizaciones civiles advierten que estas formas de violencia buscan inhibir la labor de defensa ambiental. Las entidades con mayor número de agresiones durante 2025 fueron Ciudad de México, Puebla y Oaxaca, donde se concentró más de la mitad de los ataques documentados. En el caso de la capital del país destacaron los altos niveles de estigmatización y difamación como principales formas de agresión.
Uno de los hallazgos más relevantes del informe es que el Estado mexicano en sus distintos niveles figura como el principal agresor. Autoridades como policías estatales y municipales, fiscalías, así como fuerzas federales incluyendo Guardia Nacional y Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en 76 eventos, es decir más del 50% del total. En contraste, actores privados fueron responsables del 24% de los eventos, grupos delictivos del 14%, y otros actores del 12%. Este panorama evidencia la complejidad del problema y la necesidad de revisar el papel de las instituciones en la protección de los derechos humanos ambientales.
El informe también destaca incremento preocupante en las agresiones contra mujeres defensoras con cerca de 89 eventos registrados, lo que representa aumento superior al 60% respecto al periodo anterior. Especialistas advierten que las mujeres no solo enfrentan riesgos por su labor ambiental sino también violencias específicas de género, lo que agrava su situación y limita su participación en la defensa del territorio. Los sectores donde se registraron más agresiones fueron minería, forestal, agua, y megaproyectos. En cuanto a los ámbitos de defensa, los conflictos más recurrentes estuvieron relacionados con protección del agua, territorio y suelo reflejando disputas por el control y uso de recursos naturales.
Ante este escenario, CEMDA urgió a las autoridades a combatir impunidad, erradicar estigmatización contra activistas y fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Entre las principales recomendaciones destacan implementar políticas públicas integrales de protección, investigar y sancionar a responsables de agresiones, eliminar discursos de estigmatización por parte de autoridades, y garantizar participación efectiva de comunidades en decisiones sobre su territorio. El informe concluye que pese a los compromisos internacionales asumidos por México, aún no existen condiciones seguras para el ejercicio de la defensa ambiental, lo que mantiene en riesgo a comunidades y activistas en todo el país.
Porque al final, cuando el gobierno que debería proteger a los defensores ambientales resulta ser su principal agresor responsable de más del 50% de las agresiones documentadas, queda claro que los compromisos internacionales y discursos oficiales sobre derechos humanos valen poco frente a la realidad que enfrentan quienes defienden agua, territorio y recursos naturales en México.
