El convenio firmado entre la subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez y el procurador Agrario Víctor Suárez Carrera abre camino para que las mujeres tengan acceso legal y certeza jurídica sobre la tierra en los territorios donde opera el programa Sembrando Vida en respuesta al dato de que apenas 28% de la propiedad agraria en México pertenece a mujeres. Este acuerdo busca atender no solo las brechas legales sino también la incertidumbre cotidiana que enfrentan miles de mujeres campesinas que actualmente trabajan y viven en condiciones de usufructo o bajo acuerdos informales en las parcelas atendidas por el programa federal.
De acuerdo con información divulgada por la Secretaría de Bienestar, el nuevo Convenio Marco de Colaboración establece mecanismos para que mujeres campesinas puedan recibir asesoría jurídica, acreditación de derechos, resolución de conflictos agrarios y acompañamiento en procesos de sucesión en los ejidos y comunidades donde opera Sembrando Vida. López Gutiérrez advierte que garantizar el patrimonio es indispensable para la autonomía de las mujeres: «La libertad de las mujeres pasa necesariamente por el acceso al patrimonio. Si una mujer no tiene tierra, no tiene condiciones plenas para decidir sobre su vida. Por eso es fundamental que las mujeres campesinas tengan derechos sobre la parcela que trabajan y sobre el espacio donde viven», expresa la funcionaria según el texto del comunicado.
El acuerdo responde a la problemática de miles de beneficiarias que trabajan el campo sin respaldo formal o con derechos agrarios limitados lo que genera incertidumbre respecto a la continuidad de su actividad en Sembrando Vida y limita su poder de decisión. El convenio contempla procedimientos de conciliación, acuerdos de asamblea y registro legal como vía para regularizar su situación y reconocerlas como titulares plenas. Víctor Suárez Carrera, titular de la Procuraduría Agraria, resalta que la colaboración con Sembrando Vida impulsa la segunda etapa del programa y consolida esfuerzo institucional en el territorio. Enfatiza que el reconocimiento de derechos agrarios para mujeres permite «impulsar su participación plena en los núcleos agrarios.»
El procurador plantea que los Centros de Atención Agraria funcionen como puntos de comercialización para productos del campo promoviendo circuitos de consumo directo entre campesinas y campesinos agregando valor a la producción local y reforzando la defensa de la propiedad social de la tierra. La propiedad social sigue siendo estratégica en el país: la Secretaría de Bienestar reconoce que más del 50% del territorio nacional opera bajo esta figura fundamental para la organización comunitaria y la vida colectiva rural. La iniciativa marca precedente en la agenda de regularización agraria con perspectiva de género. El convenio firmado busca que los derechos sobre la tierra se distribuyan de forma más equitativa y que la participación de las mujeres sea reconocida plenamente en cada núcleo agrario donde opera Sembrando Vida.
Porque al final, cuando apenas 28% de la propiedad agraria pertenece a mujeres pese a que trabajan el campo día a día bajo acuerdos informales sin certeza jurídica, queda claro que este convenio entre Bienestar y Procuraduría Agraria es paso necesario pero tardío para reconocer formalmente lo que miles de campesinas han hecho durante décadas: trabajar la tierra sin tener derecho legal sobre ella mientras sostienen la producción rural del país.
