El gobierno encabezado por Luis Arce presentó apelaciones ante instancias judiciales bolivianas contra fallos que beneficiaron a figuras opositoras involucradas en los eventos de la crisis política de 2019. Esta acción legal se formalizó el martes 26 de agosto de 2025, en un intento por revertir decisiones que eximieron o redujeron penas a varios acusados de delitos como sedición y terrorismo durante el periodo de inestabilidad que llevó a la renuncia de Evo Morales. Según documentos presentados por el Ministerio de Justicia, las apelaciones cuestionan sentencias emitidas por tribunales inferiores que declararon inocentes o concedieron libertad condicional a al menos cinco opositores prominentes, argumentando que dichas resoluciones ignoran evidencias clave como testimonios y grabaciones que demuestran participación en actos desestabilizadores.
Entre los beneficiados se encuentran exfuncionarios y líderes políticos que, según la fiscalía, coordinaron protestas masivas y bloqueos que resultaron en confrontaciones con fuerzas de seguridad, causando decenas de heridos y disrupciones económicas. No se detallan nuevas pruebas en las apelaciones, pero se enfatiza la necesidad de revisiones por parte de cortes superiores para garantizar imparcialidad. Un representante del Ministerio de Justicia declaró que estas medidas buscan preservar el estado de derecho y evitar precedentes de impunidad.
«Las decisiones favorables a los acusados minimizan la gravedad de los hechos ocurridos en 2019, y apelamos para que se aplique justicia plena», manifestó el funcionario, añadiendo que el proceso podría extenderse varios meses e involucrar audiencias adicionales. Por su parte, abogados de los opositores han calificado las apelaciones como motivadas políticamente, alegando que responden a intentos de persecución contra disidentes y que las sentencias originales se basan en falta de pruebas concretas. La crisis de 2019 surgió tras alegaciones de fraude electoral en las votaciones presidenciales, lo que derivó en manifestaciones generalizadas y la intervención de militares, culminando en la asunción interina de Jeanine Áñez.
Fuentes judiciales indican que más de 20 personas han sido procesadas en relación con estos eventos, con algunos casos resueltos a favor de los acusados por irregularidades procesales. Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, han monitoreado el desarrollo, expresando preocupación por posibles sesgos en el sistema judicial boliviano y urgiendo a respetar principios de debido proceso. En el contexto político actual, estas apelaciones se producen en medio de tensiones internas, con el gobierno de Arce enfrentando críticas por su manejo de casos heredados.
Los opositores afectados han anunciado que defenderán sus posiciones en instancias superiores, posiblemente recurriendo a cortes internacionales si las apelaciones prosperan. Analistas sugieren que el resultado podría influir en la estabilidad política del país, especialmente con elecciones futuras en el horizonte. El Ministerio de Justicia ha indicado que proporcionará actualizaciones sobre el avance de las apelaciones, mientras se espera que los tribunales fijen fechas para revisiones.
Este movimiento legal reaviva debates sobre la reconciliación post-crisis en Bolivia, donde divisiones persisten entre facciones gubernamentales y opositoras. La situación continúa evolucionando, con posibles implicaciones para la percepción de justicia en el ámbito nacional.