La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó una nueva reforma a la Constitución Política del país, la cuarta en lo que va de 2025, con el objetivo de fortalecer el poder del Ejecutivo liderado por Daniel Ortega sobre la gestión presupuestaria. Esta enmienda, impulsada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), transfiere competencias clave en materia de finanzas públicas del Legislativo al presidente, permitiéndole mayor discrecionalidad en la aprobación y ejecución del presupuesto nacional. Según el texto reformado, Ortega podrá vetar o modificar partidas presupuestarias sin necesidad de aval parlamentario en casos declarados de “emergencia nacional”, una cláusula que críticos interpretan como un mecanismo para centralizar recursos.
La reforma fue votada de manera unánime por los diputados sandinistas, en una sesión que duró menos de dos horas y sin la presencia de opositores, muchos de los cuales han sido inhabilitados o exiliados. Ortega justificó la medida argumentando que es necesaria para “garantizar la soberanía económica” ante supuestas injerencias externas, aunque analistas locales y organizaciones internacionales la ven como un paso más hacia la concentración de poder. Esta es la cuarta modificación constitucional en 2025, tras cambios previos que afectaron áreas como la justicia, la seguridad y los derechos electorales.
En enero, se reformó para extender el control sobre el Poder Judicial; en abril, para reforzar la autoridad sobre las fuerzas armadas; y en junio, para limitar la autonomía municipal. Cada una ha sido criticada por entes como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Human Rights Watch, que acusan al gobierno de erosionar el estado de derecho. Opositores en el exilio, como la exiliada política Dora María Téllez, denunciaron que esta reforma “consolida la dictadura familiar” de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, vicepresidenta, al darles herramientas para manejar fondos públicos sin rendición de cuentas.
Mientras tanto, el gobierno nicaragüense defiende las enmiendas como “ajustes soberanos” para enfrentar desafíos económicos, en un contexto de sanciones internacionales y caída en la inversión extranjera. La Constitución, originalmente promulgada en 1987, ha sido alterada más de 20 veces desde que Ortega regresó al poder en 2007, pero el ritmo acelerado de este año marca un récord. No se esperan desafíos legales internos, dado el control total del FSLN sobre las instituciones, aunque grupos de derechos humanos llaman a la comunidad internacional a aumentar la presión diplomática.