En una resolución de gran relevancia emitida recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha reafirmado su autoridad para examinar casos relacionados con vulneraciones a los derechos humanos en Venezuela, incluso después de que el país se retirara del sistema interamericano en 2013. Este dictamen surge a raíz de una consulta presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la validez de su competencia temporal y material en situaciones ocurridas en naciones que han denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José. La Corte IDH determinó que su jurisdicción persiste para hechos acaecidos antes de la fecha efectiva de la denuncia, y en ciertos escenarios, incluso posterior a ella, si se vinculan con obligaciones permanentes o si involucran a víctimas que continúan sufriendo consecuencias.
En el caso específico de Venezuela, el tribunal subrayó que el Estado sigue obligado por el Pacto hasta el momento en que la denuncia surtió efecto, y que la Corte puede pronunciarse sobre violaciones ocurridas en ese lapso. Los jueces argumentaron que la denuncia no exime al Estado de responsabilidades previas, y que permitir lo contrario equivaldría a una «amnistía» para infracciones graves, lo cual contradice los principios del derecho internacional de los derechos humanos. Además, destacaron que la competencia se extiende a obligaciones erga omnes, como la prohibición de torturas o ejecuciones extrajudiciales, independientemente de la retirada.
Esta sentencia tiene implicaciones directas para múltiples casos pendientes contra Venezuela ante la Corte IDH, incluyendo aquellos relacionados con detenciones arbitrarias, represión de protestas y ataques a la libertad de expresión durante el período previo a 2013. Expertos en derechos humanos han calificado el fallo como un avance crucial para la rendición de cuentas en la región, al cerrar brechas que gobiernos autoritarios podrían explotar para evadir escrutinio internacional. Sin embargo, el gobierno venezolano, liderado por Nicolás Maduro, ha rechazado históricamente la autoridad de la Corte IDH, considerándola un instrumento de injerencia imperialista.
Esta posición se mantiene, y es probable que Caracas ignore el fallo, aunque podría enfrentar presiones diplomáticas y sanciones adicionales de la comunidad internacional. El dictamen también establece precedentes para otros Estados que han considerado o ejecutado denuncias similares, como Trinidad y Tobago o Perú en el pasado, reforzando el marco protector del sistema interamericano. Organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han saludado la decisión como un triunfo para las víctimas y un recordatorio de que los derechos humanos trascienden las decisiones unilaterales de los Estados.
En resumen, este fallo histórico fortalece la integridad del sistema interamericano de derechos humanos, asegurando que las violaciones no queden impunes por maniobras legales de retirada, y abre vías para justicia en contextos de crisis prolongadas como el venezolano.