La justicia de Argentina llevó a cabo allanamientos en las oficinas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) este jueves, en el contexto de una pesquisa por presuntas irregularidades en la asignación de fondos y beneficios. El operativo fue ordenado por el juez federal Ariel Lijo, quien investiga denuncias sobre posibles desvíos de recursos destinados a personas con discapacidad, incluyendo pensiones no contributivas y subsidios. Según fuentes judiciales, los allanamientos incluyeron la sede central de la ANDIS en Buenos Aires y otras dependencias, donde se secuestraron documentos, computadoras y archivos digitales para analizar presuntos sobreprecios y adjudicaciones irregulares.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por legisladores de la oposición, que acusan a exfuncionarios de la agencia de haber favorecido a empresas y particulares con contratos millonarios sin licitación adecuada. Entre los implicados se menciona a Jorge Ferraresi, exdirector de la ANDIS durante el gobierno anterior, aunque él ha negado cualquier irregularidad y atribuye la causa a motivaciones políticas. El escándalo ha generado repercusiones en el ámbito político, con el actual gobierno de Javier Milei prometiendo transparencia y auditorías exhaustivas en todas las agencias estatales.
La ANDIS administra un presupuesto anual de miles de millones de pesos para asistir a más de un millón de beneficiarios en todo el país, lo que hace que las acusaciones de corrupción sean particularmente sensibles. Durante los allanamientos, agentes de la Policía Federal revisaron correos electrónicos y registros contables, buscando evidencias de coimas o malversación. El fiscal a cargo, Eduardo Taiano, indicó que la causa podría extenderse a otros organismos relacionados con la seguridad social, si se confirman vínculos con redes de corrupción más amplias.
Este caso se suma a otras investigaciones por irregularidades en la administración pública argentina, en un momento de ajuste económico y recortes presupuestarios. Organizaciones de derechos para personas con discapacidad han expresado preocupación por el impacto que podría tener el escándalo en la continuidad de los programas de asistencia. Hasta el momento, no se han reportado detenciones, pero se espera que en las próximas semanas se cite a declarar a varios exdirectivos de la agencia.
La justicia enfatizó que el objetivo es esclarecer los hechos y garantizar que los fondos públicos se utilicen correctamente.
