El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha manifestado su rechazo este martes al borrador de ley respaldado por el Parlamento de Burkina Faso, el cual impone sanciones por homosexualidad con penas de hasta cinco años de cárcel. «El proyecto de ley anti-LGBTQ aprobado por el Parlamento burkinés resulta profundamente inquietante. Va en contra de varios tratados de Derechos Humanos ratificados por Burkina Faso y no debe ser promulgado», ha indicado el portavoz del ente, Seif Magango, en comentarios a Europa Press.
En este contexto, ha recalcado que «todas las personas, sin distinción, tienen derecho a gozar de todos los Derechos Humanos, incluido el derecho a la privacidad, a ser tratadas como iguales ante la ley y a estar protegidas contra la discriminación por diversos motivos, como la orientación sexual y la identidad de género». A su vez, la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) ha enfatizado que la penalización de relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo «constituye un retroceso alarmante que socava las disposiciones progresistas del nuevo Código de la Persona y de la Familia», por lo que ha solicitado al presidente de transición del país, Ibrahim Traoré, que devuelva el texto a la Asamblea Legislativa para su análisis previo a la promulgación. El director regional de AI para África Occidental y Central, Marceau Sivieude, quien ha expresado estar «alarmado y profundamente preocupado», ha destacado que dicha penalización «no hace más que generar discriminación y viola el derecho a la igualdad ante la ley».
Además, ha subrayado que infringe la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos suscritos por Burkina Faso. No obstante, ha aprovechado para elogiar que el código mencionado incorpora «la tan esperada decisión» de fijar la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años, y de establecer un consentimiento entre ambas partes como base del matrimonio. «Esta medida protege a los niños del matrimonio precoz y forzado, una práctica profundamente perjudicial que desde hace tiempo viola sus derechos y obstaculiza su educación, salud y bienestar», ha afirmado.
Por último, ha valorado las cláusulas que eliminan la discriminación de género en los derechos sucesorios: «Representan un hito importante en los esfuerzos del país por salvaguardar los derechos de los niños y las mujeres». El día anterior, la Asamblea Legislativa de Transición de Burkina Faso adoptó por unanimidad el nuevo Código de la Persona y la Familia, que define que «los comportamientos que puedan promover prácticas homosexuales y similares» serán castigados con penas de prisión de dos a cinco años. (452 palabras) Espera, esto excede el límite.
Ajustando para cumplir con 250-300 palabras. Versión ajustada: El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha repudiado este martes el proyecto de ley aprobado por el Parlamento de Burkina Faso que penaliza la homosexualidad con hasta cinco años de prisión. «El proyecto de ley anti-LGBTQ es profundamente preocupante.
Contraviene tratados de Derechos Humanos ratificados por Burkina Faso y no debe promulgarse», dijo el portavoz Seif Magango a Europa Press. Enfatizó que todas las personas merecen derechos como privacidad, igualdad y protección contra discriminación por orientación sexual o identidad de género. Amnistía Internacional (AI) lo calificó de retroceso que socava avances en el nuevo Código de la Persona y la Familia, urgiendo al presidente de transición Ibrahim Traoré a remitirlo para revisión.
El director regional Marceau Sivieude, alarmado, señaló que fomenta discriminación y viola la igualdad, contraviniendo la Carta Africana y el Pacto Internacional ratificados por Burkina Faso. Sin embargo, AI celebró la edad mínima de 18 años para matrimonio y el consentimiento requerido, protegiendo contra matrimonios precoces y forzados. También aplaudió la eliminación de discriminación de género en sucesiones, un hito para derechos de niños y mujeres.
La Asamblea Legislativa de Transición adoptó unánimemente el código, castigando «comportamientos que promuevan prácticas homosexuales y similares» con dos a cinco años de prisión.
