El ciclo iniciado por Andrés Manuel López Obrador se completa con el ministro Hugo Aguilar. El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, inmediatamente después de asumir el cargo la noche del lunes, reveló los aspectos del presupuesto judicial que enfrentarán recortes en su gestión, para adaptar el tercer poder de la Unión a la “austeridad republicana” deseada por el exmandatario. López Obrador percibía a los jueces como una élite privilegiada con beneficios únicos entre los funcionarios públicos. El Poder Judicial, el único no controlado por Morena, resistió ferozmente los recortes presidenciales. Esa dinámica cambiará con el inicio de una judicatura renovada por jueces electos por voto popular, mayoritariamente respaldados por el oficialismo.
“No puede haber justicia con privilegios”, declaró Aguilar, un abogado indígena originario de Oaxaca, en su discurso inicial como líder del Supremo. A la ceremonia de inicio de la nueva Corte asistieron la presidenta, Claudia Sheinbaum, y los titulares de las dos Cámaras del Congreso, Sergio Gutiérrez y Laura Castillo. Todos de Morena. El propio ministro Aguilar, aunque no afiliado al partido guinda, venció en la elección mediante una operación electoral que el oficialismo orientó a su favor. Con los tres poderes presentes, el jurista se comprometió a tramitar las reducciones presupuestarias ante el Órgano de Administración Judicial (OAJ), que ahora gestionará los vastos recursos de la judicatura. Aguilar mencionó ahorros millonarios para el erario, coincidiendo con el debate en el Congreso del presupuesto federal para el próximo año.
Una medida inicial de austeridad involucrará bajar los sueldos de jueces, magistrados y ministros, según Aguilar, para que queden por debajo del ingreso mensual de la presidenta. En su sexenio, López Obrador promovió una reforma constitucional que dictó que ningún servidor público puede ganar más que el titular del Ejecutivo. Actualmente, Sheinbaum percibe un ingreso bruto mensual de casi 192.000 pesos. Aunque años atrás los miembros del Supremo se redujeron voluntariamente el sueldo, mantuvieron prestaciones superiores que elevaban sus ingresos. Los magistrados electorales y de circuito estaban en igual situación. Aguilar señaló que esta acción generará un ahorro de 300 millones de pesos anuales. Muchos funcionarios se ampararon para evadir la reforma salarial de López Obrador. Las resistencias mayores provinieron de instituciones autónomas —no dependientes del Ejecutivo—, remuneradas altamente por su labor especializada. En la judicatura también usaron amparos. Antes de la reforma judicial, la Constitución impedía reducir salarios de jueces, magistrados y ministros durante su cargo, como garantía contra presiones políticas o económicas. Existía la idea de pagarles mucho para evitar corrupción.
El ministro Aguilar anticipó que la Corte intervendrá vía “un proceso de diálogo” para resolver amparos de “un gran número de funcionarios judiciales que ganan más que la presidenta”, ajustándolos a la remuneración constitucional. Estimó que esto aportará 800 millones de pesos anuales al erario. El éxito dependerá de negociaciones políticas con promotores de amparos y jueces que los tramitan. El resultado es incierto, ya que el Poder Judicial ha cambiado casi por completo, aunque muchos nuevos juzgadores tienen apoyo oficialista. Son innegables los privilegios de la cúpula judicial. Al terminar su encargo, los ministros del Supremo obtenían pensión vitalicia (“haber por retiro”) equivalente a su sueldo, más aguinaldo, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores para ellos y cónyuges, reembolso de medicamentos, prima vacacional y pago por riesgo. Se les asignaban tres asistentes pagados por la Corte, derecho a comprar su vehículo (usualmente camioneta blindada de lujo), y costumbre de llevarse computadoras y teléfonos asignados. Aguilar indicó que cada ministro en retiro recibe entre 205.000 y 385.000 pesos mensuales, y esas remuneraciones se revisarán para alinearse al ingreso del Ejecutivo.
Con la reforma judicial, se eliminó de la Carta Magna el derecho a pensión vitalicia para ministros, pero quienes se retiraron antes de su vigencia la obtuvieron. Caso de Arturo Zaldívar, colaborador del Gobierno de Sheinbaum y arquitecto de la reforma. Olga Sánchez Cordero, otra exministra aliada de Morena, ve tambalear su “haber por retiro” con la política de Aguilar. La nueva Corte, según su presidente, solicitará al OAJ cancelar el seguro de gastos médicos mayores y de jubilación anticipada. Los ministros que finalizaron encargo el 31 de agosto aprobaron un proyecto de presupuesto para el primer año de la nueva integración, preservando privilegios que motivaron la reforma: seguro de gastos médicos mayores por 161 millones de pesos, seguro de separación individualizado por 143 millones, “ayuda para despensa” por 50,4 millones, “estímulos” por Día de la Madre y del Padre por 3 millones, y “ayuda de vestuario” y “apoyo para adquisición de anteojos” por 20 millones. Contra el principio de austeridad, las tres ministras alineadas a Morena que retuvieron puestos —Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz— votaron a favor.
El influyente OAJ se compone de cinco abogados propuestos por Ejecutivo, Senado y Suprema Corte. Será presidido por Néstor Vargas, colaborador cercano de la presidenta Sheinbaum. El Senado eligió a Surit Guerrero, y el alto tribunal postuló a Lorena Pérez Romo, Catalina Ramírez Hernández y José Gallegos Ramírez. Aunque autónomo en teoría, es probable que peticiones de la cúpula política se conviertan en instrucciones y realidades.
