Este jueves, el Congreso argentino anuló por primera vez un veto emitido por el presidente Javier Milei, lo que permitió que quede vigente una ley destinada a proporcionar mayores recursos a personas con discapacidad, en un sector que enfrenta acusaciones de corrupción implicando a la hermana del mandatario.
Este revés político se produce en el momento más crítico para el gobierno, afectado por un escándalo relacionado con presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, un asunto que está siendo examinado por la justicia.
Además, el hecho ocurre durante un año de elecciones, con comicios legislativos nacionales programados para octubre y elecciones en la provincia de Buenos Aires el próximo domingo, que es el distrito con mayor población en Argentina y está bajo el control del peronismo opositor.
El Senado anuló el veto con 63 votos a favor y 7 en contra. En agosto, la Cámara de Diputados ya había desestimado la decisión presidencial.
La ley, que ahora se promulgará, proclama la emergencia en el ámbito de la discapacidad. Fue sancionada en julio y determina la normalización de pagos pendientes a los proveedores de servicios de salud.
Asimismo, establece un nuevo mecanismo para el cómputo de las pensiones por discapacidad y asegura la continuidad de los servicios hasta diciembre de 2027.
Fuera del Congreso, cientos de individuos impactados por esta medida festejaron la resolución del legislativo. «Me produce mucha felicidad, como laburantes (trabajadores) pero también para que la persona con discapacidad pueda vivir como corresponde», expresó a la AFP Trinidad Freiberg, de 23 años, musicoterapeuta que atiende a niños y niñas con discapacidad.
Milei había anticipado en una entrevista de agosto que, en caso de que se revirtiera el veto, recurriría a la justicia. «Supongamos que me rechazan el veto, bueno, yo eso lo voy a judicializar, no va a tener efecto en el gasto público», había manifestado el mandatario.
