Este lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos apoyó una vez más la postura estricta del presidente Donald Trump en materia de inmigración, al autorizar que los agentes federales realicen operativos en el sur de California para expulsar a individuos según su raza o lengua.
El alto tribunal aceptó una solicitud presentada por el Departamento de Justicia con el objetivo de pausar la disposición de un juez federal que impedía de manera temporal que los agentes detuvieran o interrogaran a personas sin «sospecha razonable» de su presencia ilegal en el país, considerando elementos como su raza o etnia, o si hablaban español o inglés con acento, entre otros aspectos.
Las tres juezas liberales de la Corte Suprema expresaron su desacuerdo de forma pública respecto a esta resolución.
La orden había sido dictada por la jueza federal de distrito Maame Frimpong, cuya sede se encuentra en Los Ángeles, el 11 de julio. Frimpong determinó que las prácticas del Gobierno de Trump probablemente infringían la garantía de la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos contra búsquedas y confiscaciones irrazonables.
Dicha orden se extendía a la jurisdicción de su corte, que cubre una amplia porción del sur de California.
En un documento escrito, el Departamento de Justicia justificó la identificación de personas mediante un «perfil razonablemente amplio» en una zona donde, de acuerdo con el Gobierno, aproximadamente el 10% de los habitantes residen de manera ilegal en el país.
Esta petición del Gobierno representa su apelación más reciente ante la Corte Suprema para avanzar con medidas que han sido obstaculizadas por instancias judiciales inferiores al cuestionar su validez legal.
La Corte Suprema, con una mayoría conservadora de 6-3, ha apoyado al presidente Trump en la mayoría de estos litigios.
Trump obtuvo la victoria en las elecciones del año pasado para un segundo período como presidente, basándose en compromisos de llevar a cabo deportaciones en cifras récord.
Los operativos de inmigración impulsados por su administración, inclusive en Los Ángeles, han generado temor en las comunidades de inmigrantes, además de manifestaciones y litigios debido a las estrategias agresivas utilizadas por agentes federales con máscaras y armas.
En mayo, Stephen Miller, un asesor de alto rango de Trump y diseñador de la política de línea dura contra la inmigración del presidente republicano, demandó a los directivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que incrementaran las expulsiones, fijando una meta de 3,000 arrestos por día.
En instancias adicionales, la Corte Suprema ha habilitado a Trump para enviar a inmigrantes a naciones diferentes a la suya sin permitirles probar los perjuicios que podrían sufrir, y para anular el estatus legal temporal otorgado antes por el Gobierno por razones humanitarias a cientos de miles de inmigrantes.
