En julio de 2020, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador asignó una nueva responsabilidad al Ejército y a la Marina: asumir el control y la supervisión de las aduanas con el fin de combatir la corrupción y el contrabando, que abarca el de combustible denominado huachicol fiscal. A partir de ese momento, de acuerdo con una base de datos de la Agencia Nacional de Aduanas a la que EL PAÍS ha tenido acceso, se ha conseguido interceptar un total de 46 millones de litros en las aduanas. De acuerdo con cálculos de especialistas, únicamente en 2024 ingresaron al mercado mexicano 18.000 millones de litros de combustible ilegal.
Al momento de anunciar la participación de soldados y marinos en la protección de las fronteras comerciales de México, se argumentó su honestidad y eficiencia como razones principales. Sin embargo, el primer aspecto se puso en tela de juicio después del arresto, ocurrido la semana pasada, de 14 individuos, entre ellos seis marinos, acusados de formar parte de una red de contrabando de combustible presuntamente dirigida por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Esto se agravó al conocerse que él y su hermano, quien aún permanece prófugo, son familiares políticos de José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina en el periodo de López Obrador (2018-2024).
La base de datos, obtenida mediante solicitudes de transparencia, registra 137 embargos que involucran casi siete millones de litros de combustible en aduanas terrestres hasta agosto de 2025. La gran mayoría de estos, 110 casos con un total de 6.4 millones de litros, ocurrieron en el estado de Tamaulipas, específicamente en Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa. Los restantes se distribuyen entre Chihuahua, Nuevo León y Sonora. Por otro lado, la Secretaría de Marina interceptó en 2020 dos buques petroleros, cada uno con 19.5 millones de litros, en la aduana de Dos Bocas, Tabasco, además de dos aseguramientos menores en el aeropuerto Benito Juárez de Ciudad de México. En conjunto, estas acciones suman los 46 millones de litros mencionados.
Estas cifras resultan insignificantes al compararse con la magnitud del huachicol fiscal. El informe Análisis: recaudación potencial del contrabando fiscal, preparado por la consultora Petro Intelligence, calcula que en 2024 circularon 18.000 millones de litros de combustible ilegal en el mercado mexicano. Su estimación se fundamenta en los datos de consumo total del país y en información del Servicio de Administración Tributaria, que indica que el contrabando fiscal representa el 30% del total de combustibles comercializados en las estaciones de servicio. “El contrabando fiscal persiste en México debido a una combinación de factores como debilidades institucionales, corrupción, la complejidad del mercado energético y la adaptación del crimen organizado”, se indica en el documento.
Entre los factores clave identificados, además de la corrupción en las aduanas, se destaca una inspección deficiente, dado que solo “el 5% de las importaciones son revisadas físicamente en aduanas, sumado a la tecnología limitada para realizar análisis químicos a los combustibles legales”. La consultora cuenta con registros documentados de contrabando de combustible mediante métodos fiscales desde finales de la década de los 1990, aunque según sus datos, el problema se intensificó a partir de 2010, coincidiendo con la liberalización del mercado de hidrocarburos en México. Han detectado cuatro modalidades principales: camuflar el combustible al declararlo como otro producto, reportar una cantidad menor a la importada realmente, emplear documentación falsificada y realizar contrabando directo o bronco, como se conoce en el jargon.
La vulnerabilidad de las aduanas queda ilustrada con el caso del arresto de Farías Laguna y sus colaboradores. La identificación de esta red de contrabando surgió al examinar la carga del buque cisterna Challenge Procyan, que arribó al puerto de Tampico, Tamaulipas, donde se encontró que transportaba diésel en lugar de aceites lubricantes. No obstante, los decomisos se efectuaron en la cercana Altamira y en Ensenada, Baja California. Fue en esos sitios donde las autoridades confiscaron 18 millones de litros de diésel traficado, ya en territorio nacional y fuera del ámbito de las aduanas custodiadas por las fuerzas militares.
