La Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido atender en la primera semana de noviembre los argumentos relativos a la legalidad de los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump, cuya administración pidió al alto tribunal una «decisión expeditiva» acerca del asunto.
Un tribunal federal de apelaciones estableció a finales de agosto que Trump sobrepasó sus facultades al establecer una gran porción de los aranceles que aplicó a sus aliados comerciales desde su retorno a la Casa Blanca, si bien autorizó que estos sigan vigentes hasta que la máxima corte emita su fallo.
Bajo presión del gobierno republicano, la Corte Suprema consintió en revisar el caso de manera urgente y fijó una audiencia sobre el tema para «la primera semana de noviembre», según detalla su resolución de este martes.
El gobierno presentó ante el alto tribunal los impactos negativos que conllevaría la invalidación de los aranceles, lo que implicaría perder un instrumento esencial de presión en las tratativas con los aliados comerciales de Estados Unidos. El miedo a aranceles excesivos ha motivado a numerosos socios de Estados Unidos, entre ellos la Unión Europea (UE), a evitar represalias y a abrir en mayor medida sus mercados a los productos estadounidenses.
Trump recurrió a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para aplicar aranceles «recíprocos» a prácticamente todos los socios comerciales de su nación, estableciendo un nivel base del 10% y tasas superiores para decenas de economías, incluida la UE y Japón.
Además, utilizó poderes semejantes para imponer aranceles independientes a México, Canadá y China, atribuyéndolo al flujo de drogas mortales que, según afirmó, estos permiten hacia Estados Unidos. Dichos aranceles, distintos de los que aplicó a sectores como el automotriz, acero, aluminio y cobre, constituyen el núcleo del litigio jurídico.
El tribunal de apelaciones opinó que una ley de emergencia económica no confería al presidente «el poder de imponer aranceles y otros impuestos», sino que tal prerrogativa corresponde al Congreso. No obstante, han surgido diversos retos legales contra los aranceles, y un tribunal de apelaciones dictaminó por siete votos contra cuatro el mes pasado que muchos de los gravámenes resultaban ilegales, ratificando la determinación de un tribunal inferior.
