México, nación que encabeza el consumo global de refrescos, introdujo en 2014 un impuesto especial sobre bebidas azucaradas, presentado como un hito en la salud pública. El Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto buscaba contener una epidemia descontrolada de obesidad y diabetes. A 11 años de esa iniciativa, surge el interrogante: ¿este gravamen opera verdaderamente como herramienta de salud o solo como instrumento recaudatorio?
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se impuso entonces a bebidas azucaradas y comida chatarra. Para los refrescos, inició con unos centavos por litro. Raúl Ignacio Morales Chávez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, indica que la medida surgió con un enfoque educativo, al encarecer el producto para reducir su ingesta. Peña Nieto afirmó dos años después que las compras de estas bebidas habían bajado, aunque el efecto principal se vería a mediano y largo plazo “cuando se ajusten los patrones de consumo de los mexicanos”.
Morales confirma esa disminución inicial, pero destaca que no fue sustancial ni duradera. México continúa liderando el consumo per cápita mundial, con más de 166 litros por persona al año. “A día de hoy seguimos siendo uno de los países con mayor consumo per cápita en el mundo, incluso por encima de Estados Unidos”, afirma. Explica que el refresco es un bien inelástico, ya que su demanda persiste pese a incrementos de precio. “Lo que sí ha aumentado es la recaudación fiscal”, observa.
Este lunes, el Gobierno de Claudia Sheinbaum reveló un alza en la tasa para bebidas azucaradas, elevándola a 3,08 pesos por litro desde los 1,64 actuales, un incremento del 87%. Según el Paquete Económico 2026, el objetivo es desalentar el consumo, con la novedad de destinar lo recaudado a un fondo de salud para cubrir gastos por enfermedades asociadas. Morales considera que el uso de los fondos puede justificar el impuesto. Desde la era de Peña Nieto, se mencionaba emplearlo en campañas preventivas. Ahora, junto a “impuestos saludables” como los de tabaco, videojuegos y apuestas, generará unos 41.000 millones de pesos para el sector salud. Morales aplaude esto, pero enfatiza evitar que se diluya en burocracia: “De nada sirve presupuestar si no se aplica. Se debe crear un fondo específico y que se establezca en el sector salud el origen y destino de los recursos que se gastan”.
En el panorama internacional, el impuesto mexicano no es alto, y “queda mucho por hacer”, según el académico. La industria refresquera rechaza la medida, alegando desde el principio que es más fiscal que sanitaria, impactando sobre todo a consumidores. Andrés Massieu, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Bebidas, lo reiteró este miércoles en Fórmula: “Es un impuesto ineficaz. Genera impactos socioeconómicos muy importantes y pega más en el bolsillo de las personas de menos recursos que gastan más en estos productos. Desincentiva la inversión, pega en la producción, se van a perder empleos y afecta a los pequeños comerciantes”.
Morales responde: “La industria nunca pierde porque termina cobrando lo mismo o más”. Desde la nutrición, José Sánchez, nutriólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, afirma que abandonar los refrescos beneficia la salud: “Quien deja de tomar refresco nota cambios en semanas, pues mejoran los problemas digestivos como la gastritis o el reflujo, se estabiliza la glucosa, se protege el páncreas y se retrasan complicaciones como la diabetes”. Sin embargo, añade: “Si la medida no se acompaña de educación nutricional y alternativas reales como agua potable y menos ultraprocesados, el impacto siempre será limitado”.
Sánchez señala otras causas del fracaso: en comunidades rurales, los refrescos reemplazan al agua potable, ya que es más accesible un refresco que agua limpia. “No tenemos cultura del agua. Es más común que una familia compre una botella de refresco para la comida a que invierta en agua natural o en un filtro para su casa”, advierte.
