En Madrid, España, la etapa final de la Vuelta a España resultó suspendida durante el domingo debido a grandes protestas en favor de Palestina, dirigidas en contra de la presencia del equipo Israel-Premier Tech. Estas manifestaciones invadieron la ruta de la competencia ciclista y bloquearon el acceso de los atletas a la ciudad principal.
La movilización, caracterizada por lemas opuestos a Israel, generó un nuevo conflicto tanto político como diplomático entre las autoridades españolas e israelíes. Poco antes de los sucesos, el presidente Pedro Sánchez manifestó su “orgullo” y “admiración” hacia quienes protestaban, comentarios que la oposición interpretó como un estímulo para interferir en la actividad deportiva. Tales expresiones se dirigieron al líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo, perteneciente al Partido Popular.
«El Gobierno ha permitido e incluido la no finalización de la Vuelta y, de ese modo, un ridículo internacional televisado en todo el mundo», publicó en X Núñez Feijóo. Después de que se cancelara la competencia, la vicepresidenta Yolanda Díaz avanzó aún más al declarar que Israel “no puede participar en ningún evento mientras siga cometiendo un genocidio”, y elogió que la población de España “diera una lección al mundo” al detener la Vuelta.
La respuesta desde Israel surgió de inmediato. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, responsabilizó a Sánchez de haber impulsado las protestas con el fin de interrumpir la prueba, y describió al mandatario y a su administración como “una vergüenza para España”.
Durante ese domingo en Madrid, se desplegaron más de 1,000 policías para resguardar la llegada de los competidores a la fase conclusiva de la carrera que dura 21 días, representando el operativo más amplio desde que la ciudad organizó la cumbre de la OTAN en 2022.
Escala tensión. Este incidente intensifica las fricciones entre las dos naciones, que ya se veían afectadas por la iniciativa de Sánchez de impulsar acciones globales para detener la operación militar de Israel en Gaza. España, en conjunto con Irlanda y Noruega, reconoció un Estado palestino el año anterior, lo cual desencadenó una reacción furiosa de Israel, que lo catalogó como una «recompensa al terrorismo».
