Este miércoles, durante casi tres horas, el pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatió sobre el costo de las copias certificadas en su segunda sesión pública desde su inauguración. Los ministros analizaron seis casos relacionados con la constitucionalidad de cobrar hasta 113 pesos por fotocopias en municipios de Michoacán, Durango, Guerrero y Colima. Siete de los integrantes consideran que este precio es excesivo, incluso considerando factores como el traslado de máquinas o el costo de la electricidad, ya que supera ampliamente lo que se paga en una copistería común. Sin embargo, Lenia Batres defendió la medida, argumentando que estas copias representan una fuente de ingresos para los Ayuntamientos y que el desgaste de las copiadoras debe tomarse en cuenta. “No es posible para esta Suprema Corte determinar si el costo de una fotocopia es proporcional”, insistió Batres, posición que solo compartió la ministra Sara Herrerías.
Los demás ministros, invocando la Constitución, el Acuerdo de Escazú y diversas leyes generales, sostuvieron que el tribunal tiene la capacidad de declarar inválidas las leyes de ingresos que fijan estos precios, aunque idealmente no debería seguir resolviendo este tema recurrentemente. Desde hace diez años, el pleno dedica horas anuales a discutir el precio de las copias certificadas, un hábito que persiste en esta nueva Corte. Los nueve ministros, surgidos de la controvertida elección judicial, han tenido solo dos sesiones públicas desde que asumieron funciones el 1 de septiembre: la primera el jueves pasado y esta, tras el puente por la Independencia. El calendario ahora establece sesiones más frecuentes, de lunes a jueves, comenzando a las 10:00 de la mañana y extendiéndose casi el doble de tiempo, en parte porque se eliminaron las dos salas del antiguo sistema y hay más de 660 asuntos pendientes.
Este rezago es una preocupación constante para los ministros, conscientes de que las nuevas reglas permiten al Tribunal de Disciplina sancionar retrasos en resoluciones. El presidente, Hugo Aguilar, ha dirigido ambas sesiones buscando agilizar los debates, agrupando temas similares, evitando rediscutir asuntos ya tratados y promoviendo consensos para avanzar en las votaciones. Sobre las copias certificadas, Aguilar expresó su inquietud por la falta de progreso en una década y propuso un exhorto a los Congresos estatales para evitar que sigan afectando a los ciudadanos con precios elevados, aunque inicialmente había considerado una medida más estricta. “Estamos dando indicaciones de cómo resolver este tema, porque en diez años no se ha avanzado mucho; esa es mi preocupación central”, señaló, mostrando disposición a encontrar un punto medio con sus colegas.
Juristas destacan el papel de Aguilar como moderador del debate. “Tiene una capacidad sobresaliente como director de la discusión. No recuerdo algo similar en presidencias anteriores como la de Norma Piña, Arturo Zaldívar, Juan Silva o Guillermo I. Ortiz Mayagoitia”, opina Luis Tapia, experto en derechos humanos. Melissa Ayala, abogada, coincide: “El ministro presidente demuestra conocimiento para llevar las sesiones; había críticas sobre su capacidad, pero está haciendo un buen trabajo”. Aguilar ha presidido con una toga bordada, un gesto hacia comunidades indígenas que generó controversia mediática pero no ha incomodado en el pleno, y ha iniciado las sesiones con un saludo en mixteco, aunque las versiones taquigráficas solo registran “(Mensaje en lengua originaria)”.
El reglamento actualizado de la Corte asigna temas específicos por día: lunes y martes para acciones de inconstitucionalidad y controversias, miércoles para civiles y penales, y jueves para laborales y administrativos. Sin embargo, esta disciplina no se ha cumplido, al igual que los tiempos establecidos para debates (10 minutos para la exposición inicial, siete para la primera ronda, cinco para respuestas, y así sucesivamente), ya que las discusiones se han extendido sin limitaciones de cronómetro. “Las discusiones siguen siendo demasiado largas”, critica Tapia, quien también señala que, pese a promesas de un lenguaje más accesible, persiste un tono jurídico y técnico que no comunica claramente la relevancia de los temas para la ciudadanía.
En estas primeras sesiones, la nueva Corte no ha mostrado gestos hacia el Gobierno de Claudia Sheinbaum. “Es muy pronto, aunque ya han intentado distanciarse de criterios previos de la antigua Corte”, observa Ayala, refiriéndose a interpretaciones sobre nuevos actos legislativos. Un cambio prometido son las sesiones itinerantes en diversas ciudades para acercar la justicia más allá de la capital. “Estas sesiones extraordinarias en un estado serán un acontecimiento”, añade Tapia, destacando la expectativa por esta iniciativa.
