Varias organizaciones de la sociedad civil indicaron que México tenía que presentar el 18 de septiembre ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) el reporte requerido acerca de las desapariciones generalizadas y sistemáticas en la nación, dentro del proceso establecido en el Artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, el cual incluso podría elevar el asunto hasta la Asamblea General de Naciones Unidas.
De manera simultánea, 61 colectivos de familiares, 66 organizaciones civiles, 129 familiares y 50 personas solidarias entregaron un informe alternativo donde proporcionan pruebas sobre la escala del problema y sugieren la instauración de un mecanismo internacional de esclarecimiento.
En el documento se proponen medidas como establecer las causas de las desapariciones, implementar un programa nacional de prevención, enjuiciar a los culpables, asegurar la justicia, identificar cuerpos y fragmentos óseos acumulados, y garantizar un retorno digno de las víctimas a sus familias.
Las organizaciones enfatizaron que la implementación del Artículo 34 “no debe verse como un juicio o ataque al gobierno, sino como una oportunidad extraordinaria para proteger a todas las personas contra las desapariciones forzadas”.
El CED recordó que desde 2015 ha alertado sobre la situación generalizada de desapariciones en México y la casi absoluta impunidad. Hasta septiembre de 2025, ha emitido 773 acciones urgentes, la mayor cifra para cualquier Estado parte.
Entre 2017 y enero de 2025, se han dictado apenas 373 condenas por desaparición forzada o cometida por particulares, mientras que las cifras de víctimas continúan en aumento: en 2024 se registraban en promedio 26 casos diarios, y en el primer semestre de 2025 la cifra superó las 45 desapariciones por día.
Colectivos como Artículo 19, la Red TDT, la Fundación para la Justicia y Tlachinollan, entre otros, instaron al Estado mexicano a contestar al CED con propuestas que atiendan las causas estructurales de la crisis y establezcan mecanismos transparentes de medición, rendición de cuentas y garantía de verdad, justicia y reparación para las víctimas.
