Este lunes, la fiscalía de Brasil acusó al diputado Eduardo Bolsonaro de «coacción» a raíz de sus acciones encaminadas a promover sanciones desde Estados Unidos con el fin de influir en el proceso judicial por golpismo contra su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. El líder ultraderechista recibió una condena de 27 años de prisión este mes por intento de golpe de Estado, después de su derrota en las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos desde hace meses, resultó procesado por «amenazar a las autoridades judiciales y de otros poderes» con obtener «de las autoridades estadounidenses sanciones (…) si el proceso no acababa» de la manera favorable para su padre, según detalló la fiscalía. Estas amenazas resultaron «inequívocas y consistentes» y pretendieron «someter los intereses de la República y de toda la colectividad a sus propios designios personales», añadió. Por idénticos motivos, también se imputó al influenciador Paulo Figueiredo. Sin embargo, la fiscalía rechazó la sugerencia policial de acusar igualmente a Jair Bolsonaro.
La inculpación salió a la luz el mismo día en que Estados Unidos dio a conocer nuevas sanciones contra Brasil. Trump ya había aplicado aranceles punitivos del 50% a ciertas exportaciones brasileñas como retaliación por lo que calificó de «caza de brujas» contra su aliado Bolsonaro. Su administración también penalizó a varios altos funcionarios por el juicio. Luego de la sentencia del supremo contra Bolsonaro, la Casa Blanca había advertido sobre medidas adicionales.
Washington sancionó este lunes a la esposa del juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, quien dirigió el juicio contra Bolsonaro, así como a una empresa de propiedad de su familia. En paralelo, al ser consultado sobre informes periodísticos de que su visa fue revocada, el defensor general del Estado, Jorge Messias, manifestó «recibir sin recelo la medida dirigida» contra él, sin ofrecer más precisiones.
Eduardo Bolsonaro relacionó su inculpación con las nuevas sanciones. Esto «subraya que la persecución política continúa. Pero es una pérdida de tiempo: no nos dejaremos intimidar», respondió en X. Además de la esposa del juez Moraes, Viviane Barci, se penalizó a la consultora Lex – Instituto de Estudios Jurídicos, ubicada en Sao Paulo. Las sanciones, enmarcadas en la ley Magnitsky, implican que Viviane Barci y la empresa Lex no podrán realizar ninguna actividad económica que involucre a un ciudadano o empresa estadounidense, junto con el bloqueo de activos y la suspensión del visado. Tales restricciones ya se aplicaban a su esposo.
«La ilegal y lamentable aplicación de la Ley Magnitsky a mi esposa (…) violenta el derecho internacional, la soberanía de Brasil y la independencia judicial», reaccionó Moraes en una nota. Fuentes próximas al gobierno Trump indicaron a la AFP bajo anonimato que estas sanciones no serán las últimas. «Alexandre de Moraes es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias y procesos judiciales politizados, incluso» contra Bolsonaro, afirmó el Secretario del Tesoro Scott Bessent, en un comunicado. El secretario de Estado, Marco Rubio, también lo acusó de «cometer graves abusos contra los derechos humanos».
El gobierno de Lula acogió «con profunda indignación» la medida y la vio como un nuevo «intento de injerencia» estadounidense, de acuerdo con un comunicado de la cancillería.
