La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la minuta que modifica los artículos 76 y 78 de la Constitución, con el objetivo de permitir que el Senado de la República y la Comisión Permanente ratifiquen los nombramientos de los grados superiores de la Guardia Nacional, a solicitud de la persona titular del Ejecutivo Federal. El dictamen fue respaldado con 27 votos a favor, 5 en contra y una abstención de legisladores del PAN y PRI, y fue remitido a la Mesa Directiva de San Lázaro para su análisis y votación en el Pleno.
Entre las modificaciones propuestas, se incluye la adopción de un lenguaje inclusivo que reconoce al género femenino en las funciones de la persona titular de la Presidencia de la República, sustituyendo la expresión “presidente de la República” por “persona titular de la Presidencia de la República” en temas relacionados con política exterior, aprobación de tratados internacionales y designación de funcionarios de la administración pública federal. Además, se estipula que el Senado, y en su caso la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, deberán ratificar los grados de coroneles y otros jefes superiores de la Guardia Nacional, para alinear el marco constitucional tras la integración de esta institución a la Secretaría de la Defensa Nacional en 2024.
La minuta argumenta que la Constitución ya contempla que el Senado ratifique los nombramientos de coroneles y mandos superiores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y que excluir a la Guardia Nacional de este mecanismo crearía una inconsistencia normativa, al otorgarle un trato excepcional que afectaría la coherencia del sistema constitucional.
Durante el debate, surgieron críticas al proyecto. La diputada del PAN, Laura Cristina Márquez Alcalá, cuestionó la forma de trabajo, señalando que se ha actuado con apresuramiento, sin un análisis profundo ni atención a los detalles. Añadió que el problema central radica en la contradicción del artículo 21 de la Constitución, que define a la Guardia Nacional como una institución de carácter civil, pero la adscribe a la Secretaría de la Defensa Nacional y equipara la ratificación de sus mandos a la de las Fuerzas Armadas, a pesar de que debería mantener un enfoque civil.
Por su parte, el diputado del PRI, César Alejandro Domínguez Domínguez, destacó la necesidad de una estrategia de seguridad efectiva, clara y precisa para reducir los más de 250,000 homicidios dolosos registrados en el país, subrayando que este tipo de reformas deben ir acompañadas de soluciones reales a los problemas de inseguridad.
