La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó en la Cámara de Diputados que no se tolerará la impunidad para los funcionarios públicos que “defrauden la confianza de la ciudadanía”, y aseguró que enfrentarán consecuencias sin importar su rango o situación económica.
En el marco de su comparecencia ante el pleno, como parte del análisis del primer informe presidencial de Claudia Sheinbaum, Rodríguez resaltó que México es un país “extraordinario” debido a su gente, su extensión territorial y su capacidad económica, y enfatizó que en el actual gobierno no existe represión ni censura.
Durante su discurso, que duró poco más de treinta minutos, aseguró que “México no está predestinado a la violencia, sino encaminado hacia la paz” y destacó las labores de la Secretaría de Gobernación en la resolución de demandas sociales y la intermediación en conflictos.
Rodríguez brindó una visión general de la situación del país, haciendo énfasis en la solidez del peso frente al dólar, los niveles históricos de inversión extranjera directa, el dinamismo del turismo y los programas sociales que benefician a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Al comenzar la comparecencia, una pancarta del PAN hacía referencia a los “110 mil desaparecidos”, ante lo cual la funcionaria admitió los desafíos y problemas que enfrenta el país, pero insistió en que “México es un gran nación y vive en paz. No hay persecución política, pero tampoco espacio para la impunidad. La Secretaría de Gobernación actúa como mediadora en disputas y promotora de la paz”.
En el ámbito económico, señaló que el peso ha ganado valor respecto al dólar, que la inversión extranjera directa llegó a 34 mil millones de dólares en el primer semestre de 2025 y que el sector turístico rebasó las proyecciones con ingresos superiores a 32 mil millones de dólares en 2022.
En temas de seguridad, subrayó la disminución del 25% en los homicidios durante 11 meses consecutivos, resultado de la colaboración entre instituciones. Añadió que “los actos delictivos o de corrupción no frenarán el progreso de un proyecto respaldado por la mayoría. Existe un compromiso político para asegurar que no haya impunidad”.
Para finalizar, Rodríguez afirmó: “Se aplicarán penas y castigos a quienes cometan delitos, sin importar su posición jerárquica o su estatus económico. La transformación continúa y, con ella, la justicia”.
