El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió tres controversias constitucionales interpuestas por la Fiscalía General de la República (FGR) contra el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), relacionadas con resoluciones emitidas el año pasado. En dos de los casos, se ratificaron las decisiones del organismo autónomo, mientras que en el tercero se dio la razón a la fiscalía. Estos asuntos, presentados bajo la ponencia de Loretta Ortiz Ahlf, fueron aprobados estrictamente conforme a los proyectos de sentencia. Las dos primeras controversias se resolvieron por mayoría de seis votos contra tres, y la tercera por unanimidad.
En el análisis conjunto de las controversias constitucionales 291/2024 y 292/2024, el pleno determinó validar las resoluciones impugnadas. Por otro lado, en la controversia constitucional 314/2024, se declaró la invalidez de la resolución del recurso de revisión 10043/2024. Respecto a los dos primeros casos, Ortiz Ahlf señaló que surgieron de solicitudes de información en las que un ciudadano requería datos sobre el nivel y denominación del cargo, el salario y la adscripción de dos servidoras públicas. Esta información, relacionada con su labor, es considerada pública. Sin embargo, la FGR argumentó que divulgar estos datos podía clasificarse como información reservada, ya que permitiría identificar a las funcionarias y potencialmente ocasionarles un daño personal e institucional. La ponente propuso, y así se aprobó, respaldar la resolución del Inai, al considerar que no afecta las competencias de la FGR en materia de investigación.
En el tercer caso, la FGR solicitó la invalidez de una resolución del Inai que le ordenaba entregar, sin censura, el acuse de la demanda vinculada a la controversia constitucional 325/2019, documento que incluye nombres de diversos funcionarios de sus áreas. La fiscalía argumentó que la divulgación de esta información ponía en riesgo tanto la integridad de las personas involucradas como el cumplimiento de sus funciones en temas de seguridad pública. El pleno falló a favor de la FGR, declarando la invalidez de la resolución impugnada.
