La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dio a conocer este lunes la movilización de agentes del Departamento de Justicia con el objetivo de resguardar las instalaciones del Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés). Esta medida se enmarca en la creación de una «Fuerza Especial de Protección del ICE», destinada a detener a individuos que promuevan disturbios violentos y a procesarlos con las acusaciones federales más severas posibles a nivel nacional. En una publicación en la red social X, Bondi afirmó que «el Departamento de Justicia está enviando agentes para proteger las instalaciones de ICE, capturar a agitadores violentos en el lugar de los hechos y aplicar los cargos federales más contundentes», asegurando que «el Estado de derecho se impondrá».
Como respaldo a sus declaraciones, la fiscal compartió un memorando dirigido a los líderes del FBI, la DEA, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, y los Marshals, la Policía federal de Estados Unidos. En dicho documento, se enfatiza que no se tolerarán actos de violencia contra agentes federales. La circular, que inicia con una cita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describe una presunta «nueva etapa de violencia política extrema», resultado de campañas organizadas de intimidación, radicalización, amenazas y actos violentos que buscan acallar opiniones contrarias, restringir la actividad política, influir en políticas públicas y obstaculizar el funcionamiento de una sociedad democrática.
Bondi señaló que los incidentes en ciudades como Los Ángeles y Portland muestran un incremento superior al 1000 por ciento en ataques contra agentes del ICE desde el 21 de enero de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior. Entre los ejemplos mencionados, destacó ataques a vehículos y concesionarios de Tesla, el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk en septiembre, y los intentos previos contra Trump, sin referirse a eventos más recientes como el atentado que acabó con la vida de la congresista demócrata Melissa Hortman y su esposo en junio.
La fiscal general también denunció que, durante el fin de semana, mientras el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, criticaban a los agentes del ICE, calificándolos de nazis y policías secretos, más de 200 manifestantes bloquearon una entrada a un centro de procesamiento del ICE en el área de Chicago. Estos gritaban consignas como ‘Arresten al ICE, disparen al ICE’ e intentaron ingresar de manera ilegal y forzada a propiedad federal. En respuesta, Bondi aseguró que su departamento «permanecerá inflexible cuando los agentes federales sean atacados o amenazados por hacer su trabajo», ordenando a las agencias relacionadas que movilicen a todos los oficiales necesarios para proteger las instalaciones y al personal del ICE en lugares como Portland y Chicago.
Además, la fiscal destacó que los agentes de la «Fuerza Especial de Protección del ICE» actuarán contra cualquier disturbio ilegal, deteniendo a quienes amenacen o agredan a funcionarios federales o interfieran con sus operaciones. Bondi subrayó que las prioridades de procesamiento no se limitan a quienes cometan actos violentos directamente contra el ICE, sino que también se perseguirá con todo el peso de la ley a quienes faciliten, inciten o conspiren para cometer estos delitos mediante financiación, coordinación o planificación.
Este anuncio coincide con un amplio despliegue de fuerzas federales en ciudades como Chicago y Portland, siguiendo operativos previos en Washington, Seattle y Los Ángeles, como parte de una estrategia agresiva para implementar las estrictas políticas migratorias de la Administración Trump. El domingo, el Departamento de Seguridad Nacional reportó la detención de once manifestantes frente a un centro de detención del ICE en Chicago, mientras el alcalde Johnson y el gobernador Pritzker condenaban lo que describieron como un acto de «intimidación» por el uso de agentes enmascarados en la capital de Illinois. Ese mismo día, las autoridades de Portland y del estado de Oregón presentaron una demanda contra la Administración de Donald Trump por el envío de fuerzas militares a la ciudad y por permitir el uso de la «fuerza total» en su campaña para restablecer la seguridad en las principales urbes del país.
