La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, dio a conocer la expropiación de cuatro terrenos privados en el fraccionamiento Miramar, que abarcan un total de ocho hectáreas, con el objetivo de construir la Universidad Rosario Castellanos.
Uno de estos predios es propiedad de Yolanda Cárdenas Montero, madre de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI; dos más pertenecen a Juan José Salazar Ferrer, empresario que Sansores ha acusado de ser presunto prestanombres del exgobernador; y el cuarto está registrado a nombre de Gabriela y Rafael Arturo Castilla Azar, siendo este último el jefe de la Oficina de la Gobernadora.
Conforme al dictamen técnico-jurídico emitido por la Secretaría de Gobierno el 26 de septiembre, esta acción se sustenta en “causa de utilidad pública”. Los dueños de los terrenos contarán con cinco días hábiles, a partir de la notificación o de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, para presentar sus argumentos y evidencias.
Esta expropiación se efectúa bajo la reciente Ley de Expropiación de Campeche, modificada el 3 de septiembre a pesar de las críticas de PRI y Movimiento Ciudadano, quienes denunciaron retrocesos por limitar el plazo de defensa a cinco días, otorgar al gobierno la facultad de determinar el valor de los predios y extender el periodo de pago de indemnizaciones hasta 10 años.
A pesar de que el gobierno estatal había afirmado que la reforma no impactaría a la ciudadanía, su primera implementación afecta directamente a este fraccionamiento privado localizado en la avenida Resurgimiento.
