El Departamento de Justicia de Estados Unidos está llevando a cabo una reorganización que incluye el cierre de un grupo de trabajo dedicado a combatir cárteles de droga y de una oficina destinada a reducir tensiones raciales, según documentos obtenidos por Reuters. Esta reestructuración, la más significativa en dos décadas, fue aprobada en septiembre por la fiscal general Pam Bondi y supondrá la eliminación de alrededor de 275 puestos. Como consecuencia, unos 140 empleados enfrentarán la supresión de sus cargos o una reasignación no voluntaria, de acuerdo con la información revelada.
Según los documentos, el Departamento de Justicia argumenta que estas modificaciones buscan «fomentar la eficiencia y una gestión efectiva». Sin embargo, el plan ha generado críticas por parte de congresistas demócratas y exempleados de la institución, quienes consideran que podría afectar negativamente labores esenciales. La oficina de prensa del Departamento de Justicia, con personal reducido debido al cierre parcial del gobierno, no atendió solicitudes de comentarios al respecto.
Entre los cambios aprobados se encuentra la clausura de los Grupos de Acción contra la Droga y el Crimen Organizado, una entidad interinstitucional liderada por fiscales y establecida en la década de 1980 bajo la administración de Ronald Reagan para enfrentar a los grandes cárteles de droga. Asimismo, se cerrará el Servicio de Relaciones Comunitarias, que durante seis décadas ha trabajado en mediar conflictos raciales y étnicos en todo el país. Otra unidad afectada es la Oficina de Acceso a la Justicia, encargada de facilitar el acceso de los ciudadanos estadounidenses a asistencia jurídica, según lo detallado en los documentos.
Cabe destacar que los documentos no mencionan un plan reportado inicialmente en marzo para fusionar la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Dicha propuesta enfrentó oposición bipartidista en el Congreso, resistencia por parte de empleados de ambas agencias y rechazo de organizaciones de control y defensa de armas.
